SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- El Tribunal Superior de Justicia resolvió la caducidad de instancia para un juicio por 40 millones de dólares contra la municipalidad de San Martín de los Andes, a la vez que impuso a la accionante -una empresa de desarrollos inmobiliarios- costas por encima de los 4.500.0000 pesos.

La decisión se basó en el tiempo transcurrido sin que la firma "Tierra de Sol Sociedad Anónima (SA)" hubiera impulsado las acciones procesales y abonado la tasa de justicia, que por la envergadura del monto reclamado ascendía a una cuantiosa suma.

La multimillonaria demanda contra el municipio se inició en 2004, por un entredicho sobre apertura de accesos y servidumbres de paso en un emprendimiento ubicado sobre faldeos. Se alegaba que medidas administrativas asumidas por el municipio habían impedido la venta de lotes y, con ello, había abortado el desarrollo previsto por los inversores.

Luego, el empresario Guillermo Gómez Saavedra propuso un arreglo extrajudicial que, al parecer, nunca prosperó, ya que -a criterio de los jueces- corrieron los plazos y la empresa colitigante, Tierra del Sol, nunca terminó de concretar las acciones de impulso y pagar las sumas que correspondían al cargo fiscal de la reclamación entablada. Conviene recordar que la firma había solicitado el beneficio de litigar sin gastos, lo cual fue rechazado en su momento.

Sin embargo, el pleito sigue adelante para el caso del empresario Gómez Saavedra, fundador de Tierra de Sol y quien en simultáneo había planteado la demanda contra el municipio, aunque por un monto sensiblemente menor.

La determinación de los jueces quita al municipio un verdadero "peso" de 40 millones de dólares, que pendía sobre la actual administración de Luz Sapag, aunque el juicio se había iniciado por actuaciones que tuvieron lugar en la anterior gestión, la del peronista Jorge Carro.

Costas de siete cifras

Con todo, la resolución interlocutoria, que lleva las firmas de Oscar Massei como presidente, y de los vocales Ricardo Kohon, Eduardo Cía, Guillermo Labate y Graciela Corvalán, aún puede ser apelada con un recurso extraordinario. Pero los representantes legales del municipio dijeron a este diario que difícilmente la parte derrotada insista en ese sentido, ya que el riesgo de las costas sería aún más alto.

En verdad, la determinación de las costas fue ya todo un asunto a resolver, pues si se aplicaba el formuleo habitual, la cifra resultante en honorarios hubiera sido exorbitante y virtualmente confiscatoria.

Los jueces realizaron una detallada ponderación de actuaciones, responsabilidades y circunstancias del caso para cada uno de los abogados y funcionarios intervinientes, hasta llegar a un rango que va de los 253.000 a 1.057.000 pesos en distintas costas, y que en conjunto suman un total de 4.480.000 pesos.