ZAPALA (AZ).- La investigación por los hechos de violencia que sacudieron en las últimas semanas a esta localidad sumó ayer nuevos elementos. Las dos propietarias del galpón que resultó incendiado de manera intencional en el paraje Campana Mahuida, Adriana Carlini y María Rosa Destéfano, aportaron datos ante el fiscal Marcelo Jofré, quien tiene a su cargo la pesquisa.

Además, el propietario de la radio FM Arco Iris que sufriera una serie de atentados como consecuencia de su labor periodística, Norberto Guerrero, también presentó su relato ante el titular del ministerio público.

"Se escucharon todos los testimonios y se sigue avanzando con la investigación que incluye varios hechos ocurridos en el transcurso de las semanas anteriores" explicó una fuente de la fiscalía.

El mismo vocero reveló que "Carlini y Destéfano hicieron una descripción del incendio que destruyó un galpón donde guardaban un automóvil y un tractor". Las pericias oficiales llevadas adelante poco después del hecho confirmaron que se trató de un episodio intencional.

Las denuncias se encuentran enmarcadas dentro de la fuerte puja que se generó aquí como consecuencia del proyecto de instalación de una mina de cobre en el paraje Campana Mahuida. Las posturas están divididas y según lo que advierten los vecinos que se oponen al mega proyecto existiría "un campaña de amedrentamiento" contra ellos de sectores "relacionados con el poder".

El incendio al galpón de estas mujeres fue uno de los hechos más graves ya que las pérdidas económicas resultaron cuantiosas. Las sospechas se centraron casi en forma inmediata en un peón rural que mantenía diferencias con las dueñas del campo.

Este hombre apareció muerto pocas horas después y la causa fue caratulada como suicidio. La autopsia practicada sobre el cuerpo permitió reafirmar esta teoría y descartar otras hipótesis todavía más inquietantes que comenzaron a circular por Loncopué.

En la fiscalía también se investiga la denuncia radicada por un vecino de la localidad que asegura haber sido víctima de una golpiza por haber hecho público su apoyo al controvertido proyecto minero.

En cualquier caso, lo que subyace en las denuncias presentadas ante la justicia es la falta de respuestas de parte de las autoridades de seguridad en Loncopué.