La iniciativa del gobernador Miguel Saiz de impulsar la prórroga anticipada de concesiones de explotación de hicrocarburos que vencerán recién a partir de 2016 genera interrogantes, aun cuando el mandatario desistió de forzar en la Legislatura un rápido trámite en extraordinaria y dilató la cuestión hasta febrero o marzo.

La ausencia de información pertinente, completa y confiable sobre el tema es una constante, hasta el punto de que la propia Dirección de Hidrocarburos no actualiza su página web desde 2007. La información sobre los yacimientos y su explotación en el sitio oficial de la Dirección General de Hidrocarburos tiene numerosas falencias. Los mapas en los cuales figuran los yacimientos en explotación no consignan la fecha a la que corresponden. En cuanto a la producción, los últimos datos disponibles son del año 2006, al igual que la información referida a regalías y control.

Las últimas declaraciones de la directora del área, Tamara Pérez Balda, no han contribuido a aportar información sobre el particular, sino más bien a lo contrario.

El 26 de diciembre, la funcionaria decía a este medio que "legalmente el gobernador está facultado para realizar estas renegociaciones por decreto", según lo fijan las leyes nacionales y en Río Negro la N°4.296.

Si bien esa ley en su artículo 3 último párrafo señala que "la decisión de otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación y/o de transporte, así como prorrogar sus plazos, autorizar sus cesiones o renegociaciones, serán privativas del Poder Ejecutivo", esto contradice a la Constitución provincial, que en su artículo 79 expresa respecto de los yacimientos de gas, petróleo y de minerales nucleares que "su explotación se otorga por ley".

La funcionaria consignó que este año "ha sido bueno, teniendo en cuenta que se adjudicó la primera concesión de explotación por parte de Río Negro" -a la Petrolera Entre Lomas en el área Agua Amarga- "mientras que otra está en trámite para el puesto Morales Este", cuando nada se dice sobre ambas licitaciones en la información oficial.

El investigador Carlos Solivérez, en su "enciclopedia de ciencias y tecnologías en Argentina" en Internet, opina que una prórroga anticipada resultaría inconstitucional. En tal sentido, afirma que "el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", pero destaca que "dominio no es lo mismo que jurisdicción, por lo que el gobierno nacional puede establecer leyes que regulen el ejercicio de ese dominio y así lo ha hecho en el caso de los hidrocarburos". Para Solivérez, sin embargo, "la legislación vigente en este campo es confusa por la enorme cantidad de modificaciones, no siempre coherentes, que ha sufrido a lo largo del tiempo".