En general, se atribuye a "la avaricia de los banqueros" la responsabilidad por la grave crisis económica y financiera que ha atravesado el mundo y cuyas secuelas todavía se hacen sentir. Las remuneraciones de algunos banqueros han sido francamente obscenas y se considera que la expansión de sofisticados productos financieros ha sido consecuencia de la necesidad de atender el pago de esos gravosos incentivos. Por consiguiente, la limitación de los sueldos y bonus de los altos directivos es un primer paso imprescindible pero insuficiente, y debiera dar lugar a la profundización de medidas dirigidas a evitar los escandalosos abusos corporativos.
Según cifras del Institute for Policy Studies, institución privada de EE. UU. experta en desigualdades sociales, en el 2007, las retribuciones de los ejecutivos de las firmas estadounidenses eran 275 veces superiores al salario de sus trabajadores. Sin embargo, las estadísticas señalan promedios que ocultan situaciones excepcionales. Por ejemplo, el presidente del BBVA, Francisco González, tuvo en el 2008 una retribución de 20 millones de euros incluidos el salario, el bonus y la aportación al fondo de pensiones. Esta cifra viene a representar más de 1.400 veces lo que cobra un empleado de su banco que recién se incorpora.
Diversas autoridades europeas y norteamericanas han adoptado medidas dirigidas a reducir esas elevadas remuneraciones. El Congreso norteamericano aprobó un proyecto que grava con un 90% las primas de los directivos cuyo salario supere los 500.000 dólares para todas aquellas entidades financieras que hubieran recibido ayudas públicas. Esta es la razón que explica que todos los bancos norteamericanos se hubieran apresurado a devolver las ayudas públicas recibidas. La Casa Blanca es más bien partidaria de incrementar el poder a los accionistas a la hora de decidir las políticas retributivas propuestas por el consejo de administración que de poner límites legales a las retribuciones.
El gobierno finlandés ha impuesto una norma mediante la cual los bonus de los ejecutivos, sean compañías financieras o no, no podrán exceder el 40% del salario base. Los banqueros holandeses, otro ejemplo, han firmado un código de conducta que establece que los bonus no podrán ser superiores al salario fijo. El gobierno irlandés exige a las instituciones financieras cubiertas por su esquema de garantías que limiten los salarios a 500.000 euros. El gobierno británico, en base del Informe Walker, se dispone a endurecer la normativa sobre el pago de bonus en el sector financiero, impulsar la transparencia de las entidades y revisar el funcionamiento de los consejos de administración.
El gobierno español quiere que el Banco de España, como supervisor del sistema financiero, vigile las retribuciones variables que perciben los directivos de los bancos y cajas de ahorros y que las tenga en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de una entidad. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha pedido a Economía que la publicación de las retribuciones alcance rango legal, es decir, que sea de obligado cumplimiento. De momento es una recomendación general del Código de Buen Gobierno de las corporaciones.
Tras las dolorosas consecuencias sociales de la crisis, parece lógico exigir que las remuneraciones de los altos ejecutivos no sólo sean transparentes sino que además sean razonables. Es sabido que los ejecutivos privados sacan enormes ventajas y obtienen desmesurados privilegios del desconocimiento que tienen los accionistas sobre el alcance de sus remuneraciones reales. Es una situación similar al fenómeno de corrupción política basado en la falta de transparencia en la labor de los gestores públicos.
La solución que algunos proponen para minimizar las oportunidades de rentas injustificadas que brindan las posiciones ejecutivas, consiste en llevar al seno de las cúpulas las formas habituales de control financiero interno en las bases de las empresas. Es decir, estableciendo un esquema en virtud del cual personas con intereses encontrados deban ponerse de acuerdo en la adopción de las decisiones más importantes.
En el caso de la gestión pública, hay que fortalecer el sistema de pesos y contrapesos diseñado por los constitucionalistas norteamericanos, colocando en los organismos de control a los representantes políticos de la oposición. En el sistema de gestión privada hay que regular la presencia en los directorios o consejos de administración de una suerte de ombudsman que proteja los intereses de los accionistas y establecer que todas las remuneraciones de los ejecutivos sean aprobadas por las asambleas de accionistas.
Alcanzar una mayor equidad en las remuneraciones constituye uno de los objetivos indeclinables de toda reforma del capitalismo. No es posible aceptar un sistema de privilegios éticamente aberrante que no responde a ninguna ley del mercado y luego provoca enormes daños sociales. Justamente, la democracia se inventó para terminar con los privilegios de monarcas, nobles y otros restos de grupos corporativos feudales. Sería inconcebible que en el marco de una democracia moderna se alzara impávida una nueva casta de brahmanes intocables.
ALEARDO F. LARÍA
(*) Abogado y periodista
