La ex ministra de Economía Felisa Miceli, acusada por haberse hallado una bolsa de dinero en un baño de su despacho cuando se desempeñaba como ministra de Economía, sufrió un nuevo revés judicial que podría agravar su situación y la pone cada vez más cerca de un juicio oral y público.
La Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó un recurso de casación presentado por el abogado de la ex ministra, Eduardo Bonino Méndez.
El letrado había planteado la inconstitucionalidad de un artículo del Código Penal que castiga, justamente, las conductas que se le imputan a Miceli.
La economista fue procesada por "encubrimiento" y "sustracción de documento público" relacionados con el dinero hallado en el baño de su despacho, pero además -y como derivación de esa causa- es investigada por el presunto delito de "enriquecimiento ilícito".
En ese contexto, su abogado había intentado llegar hasta el máximo tribunal penal, la Cámara Nacional de Casación, con un reclamo de inconstitucionalidad del artículo 268 (2) del Código Penal, que establece "reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento ilícito e inhabilitación absoluta perpetua" para los funcionarios públicos.
La figura alcanza a quien "al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que "el planteo realizado en esta incidencia excede el marco de este proceso y, eventualmente, debe ser materializado ante el juez a que toque intervenir en la investigación separada e independiente cuya formación ha propiciado el fiscal, vinculada al delito de enriquecimiento ilícito en el que habría incurrido Felisa Miceli".
De tal forma, traspasaron a la otra investigación la validez o no del artículo del Código Penal, y despejaron un eventual obstáculo que podría demorar el juicio oral y público. (DyN)
