NEUQUÉN (AN).- Que para los abogados sea más interesante (léase, en términos económicos) resolver un conflicto rápido, antes de ir a juicio, que prolongar el litigio todo el tiempo posible. Ese es el objetivo de un proyecto de ley que presentó la diputada Soledad Martínez para modificar la ley de aranceles, que regula el modo de fijar los honorarios profesionales.

"En cierto modo este proyecto apunta a evitar la industria del juicio", afirmó la legisladora del Frente Grande.

La ley de aranceles 1594 establece, en su artículo 6 inciso d, que una de las pautas que debe considerar el juez al momento de fijar los honorarios del abogado es: "el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad eficacia y extensión del trabajo".

Con la iniciativa de la diputada, esa redacción cambiaría por la siguiente: (Para fijar el monto de los honorarios se tendrá en cuenta) "El mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad y eficacia del trabajo, especialmente la efectivización de acuerdos que reduzcan el nivel de litigiosidad y la actividad jurisdiccional" y "la extensión de la labor realizada, en tanto se haya desarrollado conforme las pautas del párrafo anterior".

En diálogo con este diario, Martínez señaló que "en muchos casos no tiene sentido poner en marcha el mecanismo jurisdiccional para cuestiones menores. Una vez que se ingresa al sistema se provoca una escalada del conflicto y hay menos margen para achicar la brecha que se produce entre las partes". Puso como ejemplo un juicio por divorcio. "Es preferible que se logre un acuerdo y se lo lleve a homologar al juez en vez de mantener el litigio prolongado en el tiempo".

"Necesitamos que el juicio dure lo menos posible. Esto también hace más barato el acceso a la justicia del ciudadano común, porque se ahorra los gastos desde los necesarios para iniciar el juicio hasta, en algunos casos, los honorarios de diversos profesionales que pueden ser convocados para intervenir", agregó.

Martínez es abogada, pero primero presentó el proyecto en la Legislatura y después se lo envió a los colegios de profesionales y a la Asociación de Magistrados para que lo estudien.

"Lo presenté desde la profunda convicción de construir herramientas para evitar la judicialización de los conflictos, y no sólo porque los tribunales están colapsados", indicó.

La diputada ingresó otro proyecto para legislar sobre la figura del amigo del tribunal o "amicus curiae", que el Tribunal Superior de Justicia ya empezó a aplicar a través de una acordada.

Al respecto explicó que "es un síntoma auspicioso lo que hizo el Tribunal, porque la figura del amicus democratiza las decisiones del Poder Judicial. El proyecto busca que tenga un marco procedimental y que no sea algo discrecional" del TSJ.