SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Tribunal de Contralor no definió aún el estatus legal de las ordenanza aprobadas por el gobierno municipal infringiendo los requisitos legislativos vigentes y aseguró que "el llamado de atención ya se hizo" sin obtener respuesta alguna de Ejecutivo y Deliberante.
La normativa violentada es la ordenanza 124-CM-92 que establece como requisito ineludible para el tratamiento y aprobación de la legislación municipal que los proyectos contengan "en forma escrita": un "análisis económico financiero", un "estudio de factibilidad del proyecto" y la "forma de implementación" de la iniciativa.
La norma, incorporada al Reglamento Interno del Concejo Municipal, ordena en forma tajante que "los proyectos que ingresen sin cumplimentar los requisitos indicados no podrán ser tratados por el cuerpo" y que deben ser "derivados al autor para su reformulación y/o complementación".
La integrante del Tribunal de Contralor, Nora García, anticipó a "Río Negro la intención de reunir con los otros poderes del gobierno municipal, en el próximo período legislativo, para definir si se deroga o se mantiene en vigencia la vapuleada norma. "La idea es modificar la ordenanza 124 para que sea de mejor cumplimiento" dijo.
García se hizo eco de la opinión del asesor letrado del TC que trasladó la responsabilidad de corregir el incumplimiento al Concejo y al Ejecutivo.
La contadora, estimó que las ordenanzas aprobadas sin el correspondiente estudio de factibilidad económica "tienen la misma legitimidad que las otras si fueron promulgadas", aunque consideró que "los letrados del Ejecutivo y el Deliberante deberían juntarse para evaluar la eventual nulidad de esas normas".
Al margen de las dudas sobre la legitimidad y vigencia de las ordenanza sancionadas en forma irregular, García reconoció que "es muy importante que se hagan los estudios de factibilidad económica" para que las iniciativas aprobadas puedan ponerse en práctica.
En octubre de 2008 el TC cuestionó la aprobación del nuevo organigrama del Ejecutivo -ordenanza 1813-CM-08- sin la respectiva reestructuración presupuestaria ni el "análisis económico-financiero, factibilidad e implementación de los proyectos de norma" requerido por la 124-CM-92.
El incumplimiento más alarmante se registró con la ordenanza 1931-CM-09, de protección de la fauna urbana que fue aprobada sin la respectiva factibilidad económica y el Ejecutivo la vetó alegando su "inviabilidad económica" pero sin mención alguna al incumplimiento normativo.
