NEUQUÉN (AN).- Un estricto seguimiento estricto de sus cuentas, afirman los más críticos, hubiese evitado, entre otros males, la estafa de Temux. La referencia es al Banco Provincia de Neuquén (BPN), que a casi 9 años de haber sido transformado en sociedad anónima y tras haber purgado al menos dos veces en una década sumas millonarias en pérdidas, continúa sin los controles de la fiscalización externa que, por ley, debe estar a cargo de tres profesionales nombrados por la Legislatura provincial.

Lo paradójico es que, a la luz de los hechos, no es que se evite todo tipo de controles, ya que el BPN tiene dos auditorías, una interna y otra externa, esta última contratada a consultoras privadas. El control que nadie aplicó y que de tan vencido pasó al desuso, es el que prevé la ley 2351 y que justamente diferencia al banco provincial de cualquier otro banco privado: establece la creación de una comisión técnica de tres miembros, con profesionales designados en relación directa con la representación legislativa y con un mandato por cuatro años. Este cuerpo nunca fue creado.

Quizás por eso, en el espacio del Poder Judicial en el que está publicadas las leyes provinciales, la 2351 está titulada como "Banco Provincia de Neuquén, Privatización".

El trasfondo legislativo indica que, cuando en 2001 se aprobó la transformación del banco, fue producto de una ardua negociación legislativa. El órgano de control fue una de las monedas de cambio de una parte de la oposición para convalidar la operación, que de todos modos estaba forzada por la consecuencia directa que implicaba el no capitalizar la banca y soportar la falta de pago de los incobrables.

En ese momento se planteó la disyuntiva entre la quiebra y el salvataje, que finalmente fue a la medida de la gestión del ex gobernador Jorge Sobisch y del entonces titular del BPN, Luis Manganaro. Una medida similar adoptó el mismo Sobisch, cuando años más tarde, a raíz de la estafa de Temux, volvió a capitalizar al banco con fondos del tesoro provincial.

La capitalización, es decir, el dinero que aportó el tesoro provincial para cubrir las fallas en el BPN, alcanzó los 60.000.000 de pesos/dólares, pero el órgano de control que se había negociado incluir en la ley nunca se puso en marcha.

En una nota publicada en este diario el 30 de septiembre de 2002, el entonces diputado del MPN Jorge Tobares fue contundente al ser consultado, 19 meses después de la sanción de la ley, al afirmar que en ese plazo "no hubo seguimiento del estado patrimonial, financiero y contable del BPN SA, y la entidad no envió información".

Hace pocos meses, la diputada del Frente Grande Soledad Martínez volvió sobre la creación del cuerpo de tres profesionales para seguir los pasos de la sociedad anónima, pero aún no tuvo ningún tipo de respuesta de parte del oficialismo.

La ley que crea el organismo es la misma que definió las jubilaciones anticipadas que, a partir de un fallo reciente de la Corte Suprema, asestarán otro duro golpe a la caja del banco, que deberá indemnizar con -se estima- cerca de 30 millones de pesos a los empleados que enjuiciaron a la entidad.