TUCUMÁN (Télam).- Los ex militares Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez serán nuevamente juzgados el año próximo en Tucumán por violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención de personas que durante la dictadura militar funcionó en la entonces sede de la Jefatura de Policía.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal fijó para el 17 de febrero el inicio de las audiencias en la causa abierta para determinar el destino de 17 víctimas que pasaron por la ex jefatura, edificio ubicado en pleno centro de la capital tucumana.

Además de Bussi y Menéndez, se sentarán en el banquillo los ex militares Albino Mario Zimmerman y Alberto Cattáneo, y los ex policías Roberto Albornoz, Luis de Cándido y Carlos de Cándido. El defensor de Menéndez, Horacio Guerineau, solicitó que sean citados como testigos los ex ministros de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, Antonio Cafiero (Economía) y Carlos Ruckauf (Trabajo) por haber refrendado el decreto Nº 261/75.

Ese decreto, además de haber dispuesto el denominado "Operativo Independencia" en Tucumán, ordenaba "ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos".

Mientras tanto, la fiscalía federal, que impulsará la acusación contra los imputados, ofreció los testimonios del escritor Ernesto Sábato y de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que integraron la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que elaboró el informe denominado "Nunca más".

Éste será el segundo juicio celebrado en Tucumán por violaciones a los derechos humanos, ya que el 28 de agosto del año pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a prisión perpetua a Bussi y a Menéndez a raíz de la desaparición del ex senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse en 1976. Cuando sucedió la desaparición del legislador, el ex gobernador estaba al frente de la V Brigada de Infantería, que dependía del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, a cuyo frente se encontraba Menéndez.

Pese a la condena, Bussi continúa sujeto al régimen de detención domiciliaria, porque el tribunal decidió diferir para cuando la sentencia quede firme la determinación de la forma en que deberá cumplirse la pena. En tanto, el 10 de diciembre Menéndez fue condenado a prisión perpetua y deberá cumplir su sentencia en una cárcel común por orden del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, que lo culpó por el crimen de un policía y el secuestro y las torturas a otros nueve detenidos en la dictadura.