Otro juez federal ordenó ayer investigar a la presidenta Cristina Fernández por presunta "incompatibilidad de funciones", en una causa que apunta a determinar si la jefa de Estado y su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, integraron una empresa que brindaría servicios de consultoría a inversionistas, durante sus mandatos.

La investigación es impulsada por el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, quien pidió ayer informes a la Inspección General de Justicia sobre el funcionamiento de la empresa El Chapel SA, una sociedad radicada en Río Gallegos, Santa Cruz, en la que tendría participación el matrimonio Kirchner.

En tanto, el gobierno a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tildó de "canalladas" las críticas de la oposición al sobreseimiento dictado por el juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito en relación con el aumento patrimonial del matrimonio presidencial en los últimos años.

"Ahora esta sentencia está mal porque todo el mundo quería el escarnio público (de la pareja presidencial). Es una locura", reaccionó el funcionario frente a las críticas de la oposición, que amenazó con pedir el juicio político del juez Oyarbide.

"Excelente prestigio"

Fernández consideró en declaraciones a las radios La Red y Continental, que Oyarbide es uno de los "muchos jueces federales de excelente prestigio" que tiene la Argentina.

En tanto, en la nueva causa por presunta "incompatibilidad de funciones" en la que es investigada la jefa de Estado y su esposo cuando era presidente, el juez Martínez de Giorgi hizo lugar a medidas impulsadas por el fiscal federal Federico Delgado.

La existencia de la consultora El Chapel SA fue revelada hace poco más de un año por la agencia de noticias OPI Santa Cruz, que indicó que "Máximo Kirchner, su padre Néstor Kirchner y la actual presidenta de la nación, su madre, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, constituyeron en Río Gallegos una nueva sociedad dedicada a la Consultoría, actividades Financieras y de Inversión". Entre las medidas de investigación, el juez reclamó también al Registro Público de Comercio de Río Gallegos datos sobre los contadores que prestarían servicios para el matrimonio Kirchner. (DyN)