NEUQUÉN (AN).- El secretario de Coordinación e Infraestructura del municipio capitalino, Marcelo Gamarra, informó ayer que la comuna avanza en la reactivación de los dos planes federales de vivienda que quedaron paralizados a fines de octubre, cuando se rescindió el contrato con la constructora Surcos SA Lo hizo en una reunión que el funcionario y el intendente Martín Farizano mantuvieron con los adjudicatarios del plan 140 viviendas.

"Estamos analizando la oferta y aspiramos a que antes de fin de año podamos firmar el contrato de concesión con una empresa local", indicó Gamarra a los vecinos.

Agregó que "eso es para ese complejo, porque con las 190 demoraremos un poco más, ya que la única oferta que recibimos es muy costosa".

Los vecinos recordaron que hace tres años y medio dispusieron el dinero para la construcción de sus casas y que cada vez les resulta más complejo seguir pagando alquileres.

Gamarra adelantó que "antes de fin de año avanzaremos en los trámites para que los terrenos estén a nombre de los vecinos. Ya tenemos el decreto en el que nos hacemos cargo de los costos de la gestión".

Señaló que "los planes de vivienda pasarán a depender directamente de Obras Públicas y no de la Unidad del Hábitat".

Indicó que se utilizarán fondos de la renegociación de los contratos petroleros para el tendido de los servicios. "Además hicimos una reserva especial de fondos para impedir la paralización en caso de que Nación demore la entrega de fondos", destacó.

No obstante advirtió que "hemos iniciado un juicio a Surcos porque no devolvió la parte que debía del anticipo de obra. Todo lo que resolvamos va a tener que ser aprobado por Nación".

Los problemas con los planes de vivienda afectan también a los adjudicatarios del plan de 99 casas de Valentina Sur, quienes ante la inexistencia de una fecha cierta de entrega anunciaron que el 28 de febrero ocuparán las viviendas en las condiciones en las que se encuentren.

La advertencia, que en este caso cabe también a la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) del gobierno provincial, se debe en parte a que las casas tendrían problemas estructurales, motivo por el cual la Defensoría del Pueblo solicitó la realización de un peritaje especial.