SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Ejecutivo municipal deberá cumplir en adelante con una estricta reglamentación a la hora de otorgar cualquier subsidio, según lo establece una ordenanza aprobada en la última sesión.

Los beneficiarios quedaron clasificados en "individuales" y "entidades de bien público". En el primer caso será obligatoria la realización de un "informe socio ambiental" que compruebe la necesidad a cubrir y ese requisito sólo podrá ser obviado en situaciones de urgencia, por única vez, y mediante "resolución fundada".

En cuanto a las entidades intermedias, sólo podrán ser beneficiarias de subsidios las personas jurídicas "que brinden un servicio a la comunidad", las asociaciones sin personería jurídica "tendientes a un fin social" y las juntas vecinales.

Esto dejaría al margen a empresas como la transportista Tres de Mayo, que el año pasado recibió subsidios del actual gobierno por casi 500.000 pesos.

La ordenanza fue impulsada por el concejal del ARI, Darío Rodríguez Duch, en base a un proyecto que inicialmente había presentado la ex edil del mismo partido Sandra Guerrero y al que se le practicaron algunas modificaciones que suavizaron su contenido para conseguir la adhesión de otros bloques.

El día de la votación sólo se pronunció en contra Arabela Carreras (SUR), quien opinó que no correspondía condicionar al intendente en el otorgamiento de subsidios porque "la demanda supera en muchos casos y largamente la posibilidad de cumplir con determinados requisitos técnicos".

Entre quienes votaron a favor estuvo el ex intendente provisorio Darío Barriga, quien en su breve gestión fue criticado por abusar de la entrega de subsidios y por gastar en sólo cinco meses buena parte del dinero previsto en esa partida para todo el 2008.

En general los subsidios individuales tienen por destino la compra de remedios, alimentos, pasajes, materiales de construcción, pago de facturas de servicios y ayudas similares que son concedidas "por única vez".

Las acusaciones que rondan desde hace años el Centro Cívico (y que abarcaron a gobiernos de distinto signo) apuntan sobre el uso discrecional de los subsidios, su crecimiento en volumen para épocas electorales, la entrega preferencial a personas de simpatía partidaria con el gobierno y la existencia de punteros barriales que actúan como "gestores".

Duch señaló que el objeto de la reglamentación es romper con esas prácticas y "transparentar" el manejo de subsidios", mediante la publicidad y el control,

En los fundamentos de la ordenanza aparece señalada la necesidad de que la administración por parte del municipio no incurra en "arbitrariedades ni decisiones injustas que priven a unos de lo que se brinda a otros".

Por eso la regulación establece condiciones hasta ahora inexistentes, incluida la rendición de cuentas con posterioridad al uso del dinero. Las entidades que no cumplan quedarán impedidas de recibir nuevos subsidios.