La Legislatura reformó ayer la ley Orgánica del Poder Judicial, pero excluyó la facultad de sanciones a funcionarios y magistrados que se pensaba otorgar inicialmente al Superior Tribunal Justicia. En cambio, la norma sancionada ratificó la utilización del nombramiento de jueces sustitutos.

Después de 10 horas, la sesión continuaba al cierre de esta edición ya que el orden del día tenía un centenar de proyectos. El tratamiento incluyó la aprobación del primer proyecto con Iniciativa Popular -con el respaldo de 13 mil firmas- relacionado con economía social, impulsada por ong´s y la Vicaría de la Fraternidad. En primera vuelta, la Legislatura también aprobó la creación de la Comisaría de la Mujer.

La maratónica reunión comprendió el paquete fiscal -con 16 iniciativas- que estableció las pautas impositivas para Río Negro en el 2010. El presupuesto -como había anunciado oportunamente el gobierno- no se presentó y se elevará durante el primer trimestre.

El proyecto más debatido fue el tratamiento en segunda vuelta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sancionada ayer con el voto mayoritario. La bancada justicialista se opuso.

La legisladora radical Nelly Meana -presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales- repasó las distintas observaciones planteadas desde su tratamiento en primera vuelta. Por caso, reconoció planteos de la Procuradora General, Liliana Piccinini. El oficialismo aceptó la exclusión de la facultad del STJ para apercibir y multar a funcionarios y jueces. En el primera vuelta la Legislatura había eliminado del proyecto la propuesta que permitía aplicar sanciones. En cambio, Meana aclaró que no se aceptó el criterio de Piccinini de excluir a los miembros del ministerio público de la iniciativa. La diputada priorizó el criterio "constitucional" que establece al STJ como cabeza del Poder.

El justicialismo rechazó y Martin Soria reflejó esa posición. Insistió en que el proyecto tuvo tratamiento a "las apuradas", algo que calificó como "lamentable". Entendió que concluye así una "etapa de un desvergonzado pacto entre el STJ" y el "Poder Ejecutivo corrupto". "Todo vale -agregó- para no ir preso", relacionando esa modificación con "el costo político" asumido por el gobierno para otorgar el régimen jubilatorio del 82 por ciento para jueces y funcionarios de la Justicia.

La discusión se concentró en la facultad del STJ para el nombramiento de jueces sustitutos, que defendió el oficialismo en la necesidad de esa figura y contrarrestó esa concesión en favor del tribunal mientras que esa potestad corresponde al Poder Ejecutivo en la Nación. Otra voz que se escuchó fue la de Facundo López de Encuentro en respaldo a la iniciativa. (AV)