Es posible que el juez federal Norberto Oyarbide esté en lo cierto cuando dice que el crecimiento explosivo del patrimonio del ex presidente Néstor Kirchner y su esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no fue fruto de "irregularidades" cometidas por la pareja. Al fin y al cabo, los Kirchner son abogados habituados a los negocios inmobiliarios que cuentan con la ayuda de expertos bien remunerados, de suerte que sorprendería que no lograran dar una apariencia legítima a sus propios asuntos financieros. Pero, como Oyarbide sin duda entiende, es una cosa dejar saber que al examinar los datos disponibles no pudo detectar evidencia de conducta delictiva, y otra muy distinta convencer a la ciudadanía de que fue perfectamente razonable que entre mayo del 2003 y fines del 2008 la fortuna de los Kirchner aumentara un 572%. Para la sociedad en su conjunto, la pregunta principal ha de ser: ¿cuánto debieron los dos al inmenso poder político que poseían durante aquel lapso y cuánto a su astucia comercial? Puesto que parece obvio que de haberse tratado de ciudadanos comunes que no estaban en condiciones de hacer ricos a sus amigos nunca hubieran podido comprar terrenos a un precio vil para entonces venderlos a un monto muchas veces mayor, la mayoría da por descontado estar frente a un abuso de poder realmente escandaloso.

Consciente de que la decisión de sobreseer al matrimonio levantaría polvo, Oyarbide se apuró a subrayar que su fallo es de primera instancia y por lo tanto está sujeto a "revisión por parte de las instancias superiores". Así, pues, los Kirchner aún no se han liberado de un asunto que, de todos modos, continuaría provocándoles problemas aun cuando dichas "instancias superiores" optaran por confirmar lo decidido por Oyarbide, ya que de resultas de la evolución previsible de la política nacional se intensificará la voluntad de resolver de forma satisfactoria lo que, a juicio de todos salvo los oficialistas más empedernidos, es un caso de corrupción flagrante porque tiene que ver con el enriquecimiento rapidísimo de los dos políticos más poderosos del país. Será por eso que el juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, acaba de opinar que Oyarbide "en principio es un buen juez que puede equivocarse", insinuando así que aún no se ha dicho la última palabra sobre un asunto que, además de perjudicar al gobierno fronteras adentro, ha desprestigiado mucho al país ante el resto del mundo, donde el saber que la pareja gobernante se las ha arreglado para multiplicar más de seis veces su fortuna personal en apenas cinco años ha sido más que suficiente como para brindar la impresión de que la Argentina es un antro de corrupción en que políticos poderosos se dedican al saqueo legalmente consentido.

Como fue de esperar, los líderes opositores no tardaron un solo minuto en afirmarse escandalizados por el fallo del juez Oyarbide, el que atribuyeron a motivos inconfesables, y en seguida se pusieron a reclamar que sea sometido a un juicio político por mal desempeño de sus funciones. Por lo demás, son muchos los opositores que comparten la tesis de la jefa de Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, según la cual "queda claro ahora que el protagonismo en la causa de los medicamentos por parte del juez tenía por fin enmascarar la impunidad de Néstor Kirchner", o sea, al ordenar la detención del sindicalista Juan José Zanola, Oyarbide procuraba hacer pensar que era un magistrado independiente que estaba más que dispuesto a embestir contra el poder político, con la esperanza de que la reputación así conseguida lo ayudaría a defenderse contra quienes lo criticarían por sobreseer a los Kirchner.

De ser así, la situación en la que se encuentra el kirchnerismo difícilmente podría estar más embrollada: si con el propósito de salvar a la presidenta y su esposa, un juez como Oyarbide se ha sentido obligado a sacrificar a un líder sindical influyente e investigar las obras sociales de una cincuentena de gremios, entre ellos el del mandamás de camioneros Hugo Moyano, que es el aliado principal de la pareja santacruceña, podría estallar en cualquier momento un conflicto entre el gobierno y la CGT, la que, es innecesario decirlo, no tendrá ninguna intención de permitir que la Justicia ponga fin a los negocios de sus líderes como parte de una maniobra destinada a ayudar a los Kirchner.