NEUQUÉN (AN).- Hubo órdenes, pero con otro contenido. Hubo comunicaciones telefónicas, pero para hablar de otros temas. Se bajaron directivas, pero en sentido exactamente contrario al que dice la imputación.

Ese fue el tenor del descargo que ofrecieron ayer Carlos Zalazar y Moisés Soto, ex jefe y ex subjefe de la Policía, acusados de liberar la zona en Plaza Huincul el 30 de marzo de 2006.

En la primera audiencia del juicio que seguirá hoy, la jueza María Gagliano no permitió hacer preguntas sobre la responsabilidad de Jorge Sobisch en el tema. Por eso quedó como si no existiera el discurso de abril de 2006 en el cual el entonces gobernador se hizo cargo, públicamente, de haber impartido la orden a la policía de no intervenir.

Sobisch está imputado y ya fue indagado en esta causa pero la jueza tampoco aceptó postergar la audiencia para poder juzgar a los tres juntos como le pidió la querella.

El juicio correccional contra Zalazar y Soto por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público comenzó cerca de las 9 de ayer con la presentación del caso por parte del fiscal Ignacio Di Maggio. La defensa la ejerce Ricardo Cancela, el mismo abogado de Jorge Sobisch.

El ex jefe de la Policía declaró extensamente. Dijo que nunca ordenó al personal de Cutral Co que no interviniera ante la toma de la destilería de Plaza Huincul por parte de los docentes en huelga.

Luego señaló que había una orden, pero general, de evitar la represión y, sobre todo, no utilizar las escopetas lanzagases. Explicó la razón: "Se manejaba información de que había gente infiltrada entre los maestros con tumberas. Podían aprovechar el ruido de las escopetas lanzagases para dispararlas, y nosotros teníamos que cuidar que no se prendiera fuego la provincia".

Agregó que "daba lugar a que esa gente nos pusiera un muerto. Desgraciadamente más adelante ocurrió un hecho así que nos cortó la carrera a mí y al subjefe". Aludió al asesinato por parte de la policía de Carlos Fuentealba.

En la causa nunca se probó la existencia de tales infiltrados. Pero Zalazar tuvo que reconocer que en el "grupo de los cascos amarillos", como lo identificó el fiscal, había "gente vinculada al quehacer delictivo, gente que fue sindicada como puntero del MPN".

Hoy declarará Seguel y luego serán los alegatos. El fiscal desistió de dos testigos (Morales y Raúl Hernández) y el defensor de uno (Raúl Pascuarelli, ex subsecretario de Seguridad).