Dos ex jefes policiales de Jorge Sobisch, Carlos Zalazar y Moisés Soto, comenzarán a ser juzgados hoy por su participación en la zona liberada, un violento episodio ocurrido en marzo de 2006. El ex gobernador también está imputado pero el juicio en su contra se realizará el año próximo.

Los detalles del debate que comenzará hoy (cantidad de testigos, nombres del fiscal y el defensor) fueron mantenidos en secreto por la jueza correccional María Gagliano, quien no atendió a este diario ni suministró información a través de la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia.

Trascendió que la magistrada, quien ascendió justamente en la época sobischista, habrá ordenado rodear de vallas su juzgado y sólo permitirá el ingreso de cinco o seis personas del público.

Zalazar y Soto están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Eran el jefe y el subjefe de la Policía el 30 de marzo de 2006 cuando ocurrieron los hechos.

Durante un paro docente, los trabajadores de la educación realizaron un piquete frente a la destilería de Plaza Huincul. De allí fueron desalojados con violencia por un grupo de supuestos trabajadores de la Uocra entre los que había punteros políticos del MPN, policías de civil y hasta sujetos con prontuario delictivo.

La policía recibió la orden de no intervenir pero tres jefes la desobedecieron: Luis Morales, Leonel Seguel y Mario Zambrano (fallecido).

Esa conducta les costó sus carreras y el pase a retiro. Al mes siguiente, en un discurso público, el entonces gobernador Sobisch dijo que él había dado la orden de liberar la zona.

Tras una larga investigación en la que abundaron excusaciones y recusaciones, la causa llegó a juicio pero sólo con Zalazar y Soto como imputados.

En setiembre quedó imputado Jorge Sobisch, quien fue indagado como autor del presunto delito de "abuso de autoridad".

Los abogados de Morales y Seguel, Ricardo Mendaña y Gustavo Palmieri, le pidieron a Gagliano que suspenda el juicio hasta que se sume Sobisch como imputado.

Remarcaron que "las conductas de los imputados Zalazar y Soto están estrechamente conectadas con el accionar que se le reprocha a Sobisch" y la prueba que se produzca en este juicio puede tener incidencia sobre la otra causa, en la que está imputado el ex gobernador.

Por su parte el gremio docente ATEN le solicitó que lo realice en otro lugar más amplio.

No trascendió si hubo respuesta a los planteos por la mencionada decisión de la jueza de no hacer pública la actividad de su juzgado.
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