Por primera vez en nuestro país se oficiaría matrimonio entre dos personas del mismo sexo. La controvertida decisión judicial debe ser bienvenida por todos aquellos que pretenden desafiar el orden dado proponiendo un modelo de sociedad que incluye a todos aquellos que la componen.
Véase que los que aún se oponen a reconocer la realidad que existe frente a sus ojos arguyen desde la contradicción legal -vetusta legislación civil que sólo admite la unión entre un hombre y una mujer- hasta la imposibilidad de procrear como razones de peso para justificar -no sin elegancia- un trato desigual.
Sin embargo, pretender dar más valor al concepto, a la categoría legal, que a la realidad que le dio motivo y razón de ser, implica desconocer los avances, los cambios que toda sociedad va experimentando a lo largo de la historia. Con sólo mirar retrospectivamente encontraremos situaciones análogas cuando se debatía, por ejemplo, respecto de la legalidad de la esclavitud, la viabilidad del voto femenino, el valor de los títulos nobiliarios y/o la vigencia de la pena de muerte. De allí la urgencia de adecuar la ley a la actualidad.
Tampoco convincente parece vincular la finalidad de procreación con el matrimonio porque, como sostiene Gargarella, con ese mismo argumento debería cuestionarse la validez de los matrimonios de aquellos que no pueden tener hijos o que voluntariamente deciden no tenerlos y ello no guarda ningún sentido.
Entiendo entonces que el eje central de la discusión pasa por reconocer que la dignidad de las personas no está relacionada directa ni indirectamente con las inclinaciones sexuales de los ciudadanos. Y este reconocimiento es un presupuesto ineludible de cualquier orden normativo que ninguna costumbre, religión o tradición puede desconocer. Mal que pueda pesarles a algunos, la igualdad ante la ley es absolutamente gay-friendly.
Juan Argibay
DNI 30.141.774 - Cipolletti
