VIEDMA (AV).- La Sala B de la Cámara en lo Criminal de Viedma, integrada por Jorge Bustamante, Pablo Estrabou y Francisco Antonio Cerdera, confirmó el sobreseimiento de los funcionarios del Ministerio de la Familia imputados por presunto incumplimiento de sus deberes, a raíz de las sucesivas fugas de las menores y por la situación de desamparo y maltrato que sufrían las internas alojadas en el Hogar Caina de la capital.

No obstante, los jueces recomendaron intimar al ministro de Familia, Alfredo Pega, para que "se subsanen las condiciones anómalas de funcionamiento en el plazo que oportunamente se estime apropiado, todo ello en función de la insoslayable manda que establece el art. 43, último párrafo de la Constitución Provincial".

En su fallo, Bustamante criticó la acción llevada adelante por el fiscal Ricardo Falca. Por su parte, Estrabou, citó textualmente un párrafo de la sentencia de primera instancia que dice que: "surge evidente, dolorosamente evidente, que la ausencia de capacitación y concientización del trabajo, o la carencia de una guía adecuada, así como la implementación de turnos y medidas inadecuadas, ha conspirado contra el buen desarrollo del hogar y la vida de las menores allí alojadas".

Las funcionarias sobreseídas son la subsecretaria de Promoción Familiar, María Teresa Seghezzo, la directora de Niñez y Adolescencia, María Marcela Mancuso, la delegada de Promoción Familiar en la zona Atlántica, Angela Nieva, la coordinadora del Hogar, Gabriela Toracchio y la directora, Marcela Gómez.

La causa había sido impulsada por la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, y la acusación fiscal hacía referencia a las permanentes fugas de las menores, muchas de las cuales permanecían varios días fuera del hogar sin que su supiera dónde pernoctaban. Por otro, se indicó que "entre los meses de enero y junio de 2008 las menores que en ese período se encontraban internadas en el hogar Caina de Viedma, habrían sido maltratadas al impedírseles higienizarse, desayunar y almorzar y cenar fuera de un horario establecido de manera autoritaria e infundada. Los operadores del hogar que les facilitaban alimentos a las menores, eran sancionados. En el mismo período se habría provisto en algunas ocasiones, a las menores alojadas, de alimentos básicos envasados como yogurt y galletitas, y elementos para la higiene como pasta de dientes, que se habrían encontrado vencidas al momento de su uso".

Cerdera coincidió con Estrabou en pedir la intimación a Pega y también en que no surge de la prueba colectada, la participación dolosa de las imputadas.