Que en la Argentina actual el Poder Judicial se vea subordinado al Ejecutivo no es ninguna novedad, pero así y todo provocó estupor la forma arrogante en que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, obligó a la Policía Federal a desconocer una orden de desalojo dictada por una jueza de la sede del sindicato de Aeronavegantes que está ocupada ilegalmente por una facción gremial que, por casualidad, responde a Alicia Castro, una partidaria vehemente de los Kirchner que se desempeña como embajadora en Venezuela. Como no pudo ser de otra manera, la actitud asumida por Fernández al dejar saber que se suponía facultado para vetar una orden judicial motivó críticas fuertes por parte de los preocupados por lo que está sucediendo en el país. Según la jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, si se suprime a la Justicia como acababa de hacer Fernández regresaremos a "la ley de la selva", en que "cada cual hace justicia por mano propia". En opinión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, se trató de un "golpe de Estado" contra el Poder Judicial. Por su parte, diputados radicales pidieron una moción de censura contra Fernández, mientras que el juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, señaló que conforme al Código Penal el jefe de Gabinete podría ser sentenciado a "de 15 días a un año de prisión" por el delito de desobediencia.

Desde el punto de vista de muchos integrantes, tanto formales como informales, del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el conflicto de poderes desatado por el jefe de Gabinete ha de ser muy pero muy preocupante. Son tantas las causas en su contra que, felizmente para ellos, están tramitándose a paso de caracol que lo último que necesitan es que la "corporación judicial" en su conjunto se sienta agraviada. Como sin duda entienden, en todos los países el clima político y cultural imperante suele incidir en las decisiones de los jueces, de suerte que aun cuando los magistrados no pensaran en sus intereses personales estarían más propensos que antes a fallar en contra de los vinculados con una corriente política que está en franca decadencia. Asimismo, no pueden sino ser conscientes de que abundan los jueces que se sienten humillados por el trato despectivo y por las presiones de todo tipo que durante tanto tiempo les han deparado los kirchneristas. Al difundirse la impresión de que el ciclo kirchnerista está por terminar, muchos harán gala de su espíritu de independencia.

El gobierno tiene motivos para sospechar que se ha iniciado una ofensiva -mejor dicho, una contraofensiva- judicial. Le fue inquietante el encarcelamiento del sindicalista bancario Juan José Zanola porque sabe que hay muchos otros "gordos" que podrían compartir su destino. Aún más alarmante, si cabe, es la investigación por parte de la Justicia del patrimonio del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, ya que podría ser seguida por un esfuerzo auténtico por obligar a los Kirchner a rendir cuentas por el crecimiento extraordinario de su propio patrimonio. Incluso si por razones políticas la mayoría de los dirigentes opositores prefiriera que no avanzaran demasiado por ahora las causas que afectan a tantos funcionarios del gobierno kirchnerista, no querrá pagar los costos políticos que le supondría procurar impedir que la Justicia siga actuando. Tampoco querrían los magistrados que simpatizan con el gobierno arriesgarse defendiéndolo. No extrañaría, pues, que en las semanas próximas se multiplicaran causas, y fallos, que hagan todavía más nerviosos a los kirchneristas, sobre todo si a funcionarios como Aníbal Fernández se les ocurre intentar amortiguar la embestida negándose a tomar en serio las órdenes judiciales. Desgraciadamente para el matrimonio presidencial y sus colaboradores principales, parecería que, como Carlos Menem y sus laderos en los años noventa, creyeron que seguirían en el poder por tanto tiempo que no tendrían por qué preocuparse por los engorrosos detalles legales. Mal que les pese, nada dura para siempre. Hay señales de que la Justicia está despertándose del letargo en que según sus críticos cayó cuando era tal el poder de los Kirchner que pocos se animaban a oponérseles y que por lo tanto serán cada vez más los jueces que tratarán de aprovechar la oportunidad para recuperar el terreno que perdieron a partir de mayo del 2003.