ROCA (AR).- Después de unos cuatro años de litigio, finalmente ayer por la mañana se concretó la orden judicial para desalojar en forma pacífica a una persona que se había apropiado de una franja de tierra sobre la costa del río Negro y que a su vez mantenía trabado parte del desarrollo de un barrio náutico que se está construyendo en esa zona.
La medida se concretó pasadas las 6.30, cuando una decena de efectivos policiales pertenecientes al grupo Bora llegó hasta la costa para hacer cumplir la orden judicial en contra de Mario Rojas, un criancero que -según se desprende del expediente- había ocupado de manera ilegal una porción de tierra.
Los efectivos policiales y un grupo de trabajadores retiraron un precario cerco instalado a pocos metros de la costa y también desmantelaron una vivienda que se encontraba totalmente deshabitada.
"No se produjo ningún tipo de incidentes y sólo se impide el paso a un grupo de personas que intenta ingresar nuevamente al predio", comentó uno de los efectivos que se hallaba de guardia en el lugar, quien confirmó que no había familias en el predio tal cual se había denunciado desde distintos gremios que apoya la toma de tierras. Incluso, como parte del grupo uniformado, habían sido enviadas mujeres policías, ante la eventualidad de que hubiera mujeres y niños en la ocupación.
El conflicto entre las partes se originó en el 2005 cuando la mayoría de los herederos de Adriana Castillo, viuda de Rojas, transfirió a Daniel Flores todos los derechos y acciones hereditarias que poseía sobre las dos chacras ubicadas en la costa del río Negro.
Pero Mario Rojas, uno de los hijos, se negó a vender su parte y de manera inmediata cercó un sector del predio y construyó una vivienda a pesar de las reiteradas prohibiciones emanadas de la Justicia.
En febrero de 2006 y ante la imposibilidad de continuar con las negociaciones, la Justicia determinó la subasta. Las tierras fueron adquiridas por el arquitecto Flores quien en junio de 2006 toma posesión de las tierras y comenzó con el proyecto de urbanización de las 55 hectáreas.
Una vez que la obra para construir el barrio náutico comenzó a consolidarse, comenzó un nuevo litigio con respecto a las porciones de tierras anexadas a la propiedad por aluvión (sedimentos que arrastra el río y deposita en otro sector).
Después de varias pericias, la jueza Adriana Mariani decidió otorgar esta porción de tierra a Flores al entender que corresponde al "lindero" aunque la magistrada no hizo lugar al pedido de desalojo.
Luego de varias medidas judiciales, la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó los derechos del comprador y determinó que Rojas debía ser desalojado.
A partir de ese momento y en búsqueda de una nueva estrategia que le permita continuar con la usurpación, Rojas comenzó a identificarse como miembro de la comunidad Tehuelche-Kospi, para lograr el aval del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), y de distintos gremios que vienen apoyando el supuesto reclamo ancestral de las tierras.
