VIEDMA (AV)- Los ministros de Familia, Alfredo Pega y de Salud, Cristina Uría presentaron sendos escritos en sus respectivas indagatorias, desligándose de las responsabilidades que se les imputan en la causa iniciada por la denuncia de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, en relación a los alimentos preelaborados que la empresa Flavors proveía al Estado rionegrino.

Uría, en su declaración, ante la acusación de la existencia de fraude en la calidad y aptitudes nutricionales de los productos aseguró que "en ninguna parte del articulado de las normas vigentes existe alguna que le confiera a este Ministerio de Salud la obligación de efectuar análisis nutricionales, de los alimentos, sino exclusivamente bromatológicos".

En cuanto a la supuesta falsificación de alimentos, que se habría producido mediante los registros del establecimiento y de los productos, Uría indicó que "la denominación -fraccionadora o elaboradora- no modifica el hecho de que el establecimiento está habilitado para un determinado proceso". Agregó que es "absolutamente ajena a mi gestión la habilitación del establecimiento en cuestión que ya estaba habilitado cuando asumí". Admitió que durante su gestión se produjo "la homologación de los productos".

Se desligó de cualquier incumbencia que la condición de fraccionadora o elaboradora pudiera tener sobre la cuestión impositiva que no tiene relación con el Ministerio a su cargo.

Por su parte, Pega inició su declaración por escrito con una larga explicación sobre el proceso licitatorio, los mecanismos administrativos y los objetivos y modalidad de los planes sociales. En un fragmento indica que "todos los muestreos anteriores -de la Fiscalía de Investigaciones y de la Defensoría del Pueblo- son impugnables por no cumplir con los requisitos exigidos por el Código Alimentario Argentino. Se trata de pseudo muestras", afirmó.

"El ministerio a mi cargo cumplió con todas y cada una de las obligaciones que el pliego de licitación imponía", declaró Pega. Concluyó diciendo que "toda esta cuestión es una operación política que de cierto no tiene esencialmente nada. Pero ha conseguido un objetivo: desbarató todo lo que se había progresado en la materia de planes sociales alimentarios".