El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió ayer su decisión de que las fuerzas de seguridad no llevaran adelante una orden judicial de desalojo en el gremio de Aeronavegantes y le echó la culpa a la Justicia por haber dilatado durante tres años la resolución del conflicto por unas elecciones en el sindicato.
"Yo cumplí e hice cumplir con la Constitución", subrayó el ministro coordinador, durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada para detallar la actuación del gobierno en este caso, la existencia de fallos judiciales contrapuestos y la intención oficial de evitar "enfrentamientos sangrientos".
Desde la Corte Suprema, la ministra Carmen Argibay ratificó los cuestionamientos que había formulado sobre la actitud de Fernández y el juez Carlos Fayt recordó que la "desobediencia" de una orden judicial se pena con entre "15 días a un año de prisión".
"Fernández es un piloto de tormentas, tiene que parar todos los golpes y a veces se equivoca", evaluó Fayt. Advirtió que "la Justicia tiene medios para poder solucionar las cosas. El país tiene que salir de la crispación".
Argibay insistió en que "es preocupante que se ignoren las órdenes" de los magistrados y alertó que "si el poder político se arroga la facultad de juzgar, estamos mal".
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) manifestó ayer su "honda preocupación" por las "interferencias de funcionarios en el cumplimiento de las decisiones judiciales", al tiempo que exhortó "al cumplimiento irrestricto de las normas constitucionales". (DyN)
