NEUQUÉN (AN).- Unos 12.000 empleados del Estado provincial son los que finalmente deberán tomarse, en enero próximo, las vacaciones obligadas que fueron decretadas por el gobierno de Jorge Sapag.
Se trata de trabajadores de todos los organismos públicos, que no sean ni docentes, ni policías, ni se desempeñen en el sector Salud.
El número de vacacionantes a la fuerza que deberá dejar su trabajo en enero, representa poco menos de la tercera parte de los cerca de 45.000 empleados públicos de Neuquén.
El dato fue confirmado por el secretario de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones, Rodolfo Laffitte, ante una consulta de este diario.
La normativa que fija las vacaciones en enero es la 2031/09. Entre los argumentos que le dieron origen figura la disminución del ritmo de trabajo habitual durante el primer trimestre del año.
El decreto además estableció algunas excepciones, sujetas a la consideración de las autoridades de cada organismo.
Estos casos excepcionales podrían estar dados por "razones de servicio, personales o familiares", que podrían llegar a modificar la concentración obligatoria de las licencias en el primer mes del año 2010.
Junto con la medida, también en enero se cumplirá un receso administrativo -con suspensión de plazos-, y se dictó el asueto tradicional para los días 24 y 31 de diciembre próximos, con motivo de las fiestas de fin de año.
En rigor, el decreto también supone un ahorro de recursos (energía e insumos) en las oficinas públicas, si bien no es el argumento principal con que se rubricó el texto, que tiene parangón en otro que el gobierno de Jorge Sapag ya emitió en el verano anterior.
Malestar de los sindicatos
La delimitación de las vacaciones del sector estatal no es algo que haya despertado, particularmente, el malestar de los sindicatos, que sólo plantearon una queja para el caso de familias donde haya más de un trabajador provincial y cómo podría afectar la disposición el hecho de que pudieran compartir sus vacaciones.
Al margen del Estado provincial, la menor cantidad de empleados, también se registrará en la disminución del ritmo de trabajo de la Legislatura (que en principio no sesionará hasta marzo próximo) y el Poder Judicial, que entrará en feria.
En el caso de los diputados, quedará una comisión observadora permanente, que podría entrar en funcionamiento ante la eventual convocatoria.
