Las recientes declaraciones del gobernador de Río Negro respecto de las denuncias realizadas por la Defensoría del Pueblo en el marco del tema Flavors SA, que motivan la sustanciación de una causa judicial, me generan una intensa preocupación como abogado y ciudadano.

Afirmó el gobernador que se trata de una causa inventada y mediática y que veremos pronto, al conocerse el fallo judicial, quién tiene razón. Inquieta una respuesta institucional de características más cercanas a la de un abogado defensor del imputado, que a las del representante máximo del Poder Ejecutivo refiriéndose con certeza futura a decisiones de otro poder independiente como el judicial.

Recordemos brevemente las circunstancias que rodearon el caso Flavors SA. Es una sociedad comercial que fue proveedora exclusiva de alimentos preelaborados para el sistema de educación, comedores y planes sociales alimentarios de la provincia de Río Negro.

Todo comenzó con diversos cuestionamientos respecto de la calidad de los alimentos y la leche en polvo destinada a las escuelas públicas. Esta última no tenía en sus partidas los valores nutricionales indicados en sus especificaciones, lo que en definitiva no resultó el alimento de valor proteico que adquiría la provincia para atender la necesidades de miles de chicos rionegrinos que consumían ese producto en escuelas y comedores. Existían también irregularidades sobre otros alimentos, lo que no pudo determinarse el establecimiento donde habían sido fraccionados o elaborados y quién en realidad lo había producido. Se constataron además infracciones a las leyes laborales en la planta industrial de la empresa ubicada en General Conesa, donde se desempeñaba personal integrante de la Cooperativa de Trabajo Barraquero, también de la provincia de Mendoza, donde tiene domicilio legal Flavors SA.

Paradójicamente en el 2007, al inaugurar la planta industrial de esta firma, el gobernador manifestó -antes de que se iniciaran las actuaciones judiciales- la importancia del nuevo emprendimiento que generaba trabajo genuino en la localidad de General Conesa, brindaba empleo en forma directa a 160 personas. Meses después algunos trabajadores de la empresa denunciaron que fueron despedidos al no aceptar afiliarse como asociados a la Cooperativa de Trabajo referenciada. Ello motivó una denuncia y aplicación de multa por la Secretaría de Trabajo provincial por fraude laboral que fue confirmada por la Justicia del trabajo. Estos sucesos ocurrieron en el 2008; es decir, meses después de aquella rimbombante inauguración.

Hoy los ex trabajadores de Flavors SA piden la expropiación de la planta industrial y la continuidad de sus actividades a través de una cooperativa de trabajo que han formado. Fue declarada de interés municipal la expropiación por utilidad pública, la cual de aprobarse por la Legislatura se abonará con dineros públicos. También en el 2008 la provincia de Río Negro rescindió el contrato de provisión de alimentos con la empresa y le dio de baja del listado de proveedores. Poco después, sobre fines del 2008 , Flavors SA se presentó en concurso preventivo de acreedores por ante el Juzgado de Procesos Concursales Nro. 1 de Mendoza.

En aquella ocasión de la inauguración de la planta fraccionadora, el señor gobernador manifestó que la empresa abastecería a los programas nutricionales de otras provincias, mientras que en un plazo de 140 días comenzaría a exportar a Brasil y Paraguay. Este desarrollo comercial anunciado, no por un gerente de marketing sino por la máxima autoridad provincial, nunca sucedió sino los fulminantes hechos que se detallan.

Afirmó el mandatario provincial en aquel evento que se hacían análisis químicos permanentes que certificaban el valor nutricional de los productos destinados a los beneficiarios de los planes alimentarios, lo cual no parece ser el resultado de los análisis requeridos por la fiscalía actuante. Es útil por otro lado consultar a docentes, cocineras o directoras de escuela de la provincia para saber cuál es la opinión respecto de la calidad y condiciones de los alimentos proveídos por esta empresa. Nos sorprenderemos de constatar los comentarios mayoritarios: mercadería vencida o próxima a vencer, olores en los alimentos y en la leche en polvo, etc. Se trata de una buena y directa fuente de información que a veces no se considera con intensidad en el ámbito de la justicia penal, más propensa a la prueba técnica y al debate jurídico in eternum que a las situaciones incontrastables que brinda la realidad.

Respecto del concurso preventivo de la empresa, es interesante constatar los informes del síndico actuante en las causas del desequilibrio económico de la empresa para advertir lo decisivo que resultaba el contrato de suministro de alimentos con la provincia de Río Negro a los fines de darle entidad y vigencia a la empresa.

Así entonces aquella inauguración mediática con anuncios de desarrollo empresario chocaron en pocos meses con una realidad absolutamente diversa. Contrariamente, se puso en riesgo la salud de miles de chicos de la provincia, se enfrenta una expropiación por utilidad pública que abonará el Estado provincial, se acreditó fraude laboral en la empresa, hay causas penales en marcha y funcionarios involucrados, por lo que concordamos con el Sr gobernador respecto de lo mediático de la causa Flavors SA, pero por lo escandalosa y por las inquietantes conclusiones que emergen del desarrollo de los hechos sucedidos y la prueba existente.

No escapan a este comentario las denuncias e insinuaciones respecto de los actos de corrupción que rodean el caso y las derivaciones que se desprenden de los hechos denunciados por la defensora del Pueblo en la causa judicial. Pero lo cierto que así como los casos de la distribuidora de medicamentos Gavazza, como la extraña derrota del Banco Nación Argentina frente el Banco Patagonia SA en la compulsa para adjudicar la condición de agente financiero provincial, y como muchos otros desconocidos por la mayoría de los ciudadanos, este caso no es ajeno a una forma actual de entender la política.

No hay posibilidad de considerar que frente al escándalo Flavors SA no haya complicidades del poder estatal que den viabilidad al desembarco no ya de "buscavidas que usaron a la provincia de Río Negro e hicieron un gran negocio" como afirma la defensora del Pueblo en la página web del organismo. Se trata de un sistema, uno de financiamiento de la política y de enriquecimientos personales que por extensión deriva del primero: hay personas que se ocupan de instrumentar un entramado de recaudación a través de las arcas del Estado y que necesariamente también se benefician en forma personal. Algunos lo justifican bajo el eslogan de "es plata para el partido", otros simplemente la dejan pasar porque se trata de una práctica ya establecida y las mayorías toleran indignadas sin instrumentar soluciones colectivas que den nacimiento a "otra política".

En fin, aun sin beberla, la mala leche puede también provenir de apreciaciones falsas que tienden a confundirnos para alejarnos de la verdad.

DARÍO TROPEANO

(*) Abogado