VIEDMA (AV).- El bloque Encuentro-Frente Grande propuso al gobierno crear un fondo para la adquisición de tierras de "carácter social" en todo Río Negro, en el marco de las negociaciones vinculadas a buscar financiamiento extra por intermedio del Consejo Provincial de Tierra y Vivienda.
El fondo tendrá por objeto asistir y suministrar a los municipios de recursos específicos para la compra de parcelas o lotes o terrenos, propiedad de personas físicas y/o jurídicas con futuro uso habitacional.
Cada municipio deberá contar con un padrón o banco de tierras, y un padrón único de ciudadanos beneficiarios, actualizado automáticamente y priorizados de acuerdo a un puntaje establecido por el área que establezca el poder ejecutivo municipal.
Los municipios destinarán el fondo con destinos exclusivos a la compra de tierra, aquellas que tengan incorporadas mejoras, y la realización de obras de infraestructura o servicios. El fondo estará integrado por partidas presupuestarias específicas, impuesto al suelo urbano ocioso, y demás recursos financieros.
Cada municipio deberá contar con una cuenta con destino específico donde, el Poder Ejecutivo Provincial, realizará los depósitos correspondientes a la coparticipación del fondo.
La propuesta categoriza como Suelo Urbano Ocioso (es decir baldío) a toda aquella porción de tierra -parcelas y/o lotes o terrenos- que no presenten mejoras sustanciales, esto es, metros cuadrados construidos con fines residenciales o comerciales.
Mediante ese recurso, el impuesto rondaría -de acuerdo al bloque que lo propuso- de entre 150 y 2.198 pesos.
El escrito fue entregado a la secretaria Legal y Técnica, Silvia Jáñez, con el propósito de redactar una ley en virtud de que el bosquejo del Poder Ejecutivo no contemplaba un origen genuino de recursos que tuviera, por lo menos, un piso en masa dineraria.
Este bloque, el gobierno y legisladores oficialistas habían acordado en junio pasado crear un banco de tierras con un plan de financiamiento especial, y por lo tanto desde entonces se venía negociando una propuesta consensuada; estableciendo un instrumento de financiamiento para la disposición y venta de tierras por parte del Estado.
La pretensión de formalizar un banco de tierras constituye el reconocimiento del fracaso oficial al primer intento de ofrecer alguna respuesta al déficit habitacional. El año pasado, la Legislatura conformó una Comisión en el marco de las negociaciones con el Ejecutivo frente a las innumerables ocupaciones ilegales y la existencia de media docena de proyectos.
