El actual modelo sindical ha demostrado ser, en palabras de Marcos Novaro, "la criatura más imperecedera del peronismo histórico" y el mejor apoyo para un gobierno empeñado en sostener políticas oportunistas. De allí que la fuerte alianza que vincula a Hugo Moyano con el matrimonio presidencial -y el abandono prematuro de la transversalidad para refugiarse en las estructuras de poder tradicional del peronismo- sea consecuencia de hacer de la necesidad virtud. Conservar las estructuras de poder corporativo tradicional es justamente el rasgo que caracteriza a los gobiernos conservadores.
No debe extrañar que en el contexto de un gobierno conservador sea la Corte Suprema la punta de lanza del movimiento reformista. Una sociedad ganada por la presencia de grupos corporativos que medran alrededor de un Poder Ejecutivo que se muestra incapaz de emprender un proceso de modernización alienta las iniciativas reformistas de otros "contrapoderes". Por consiguiente, las resoluciones de la Corte Suprema, dirigidas a romper con los moldes de un modelo cerrado, que pone trabas a la pluralidad sindical y vulnera los tratados internacionales de libertad sindical firmados por Argentina, buscan sustituir la letal inoperancia del Poder Ejecutivo.
Salvo en autocracias de raíz comunista, como en China, Cuba y Corea del Norte, no existe ya en ningún país del mundo una legislación sindical que imponga la presencia de un sindicato único por rama de industria como en Argentina. Como es sabido, en este peculiar modelo los sindicatos que gozan de "personería gremial" -es decir han sido santificados por el Estado- pueden presentar a sus afiliados como candidatos a delegados sindicales con derecho a estabilidad, exigir la retención de las cuotas sindicales a los empresarios y representar a los trabajadores en las negociaciones que dan lugar a los convenios colectivos de trabajo.
El otro enorme privilegio que reciben los sindicatos "autorizados" es la posibilidad de ejercer el control sobre los cuantiosos fondos que provienen de las retenciones a los salarios y aportes patronales con destino a las obras sociales. La posesión de la llave de ese inmenso tesoro explica el inusual fenómeno del súbito enriquecimiento de tantos inefables dirigentes sindicales. También la presencia de consagradas mafias de los medicamentos que, amparadas en los turbios negocios de los responsables de las obras sociales, terminan en la cruel entrega de medicamentos adulterados a enfermos terminales.
Una de las manifestaciones más elocuentes de incoherencia política en la que nos desenvolvemos todavía en Argentina consiste en que sindicatos que proclaman la defensa del rol del Estado son luego los que con su práctica concreta boicotean los servicios esenciales que debe prestar ese Estado, es decir salud y educación. Las burocracias sindicales, manteniendo los feudos de las obras sociales, impiden la conformación de un sistema universal, racional e igualitario de salud. Y los sindicatos de docentes, con su política de huelgas salvajes, empujan a los padres a buscar en la enseñanza privada lo que la escuela pública ya ha dejado de suministrar: continuidad y eficacia en la prestación del servicio.
Como señala Novaro, la interesada o forzada negligencia del Ejecutivo no significa que la estructura sindical, incluidas las obras sociales, sea imposible de reformar. Sino que para hacerlo "se necesita una coalición de votantes e intereses auténticamente reformista, y no restauradora como ha sido desde un comienzo la kirchnerista". De allí que los sectores que supuestamente desde la izquierda apoyan a este gobierno conservador, como los intelectuales oficialistas de "Carta Abierta", tengan ahora una excelente ocasión para poner de manifiesto su coherencia ideológica, apoyando con vehemencia la concesión de personería gremial a la CTA.
El fracaso de un modelo sindical cerrado y burocrático está dado por la escasa presencia de representantes sindicales en el ámbito privado, donde más del 85% de las empresas carece de cualquier tipo de representación. Por otro lado, alrededor del 45% de la masa laboral está fuera de la economía formal, de modo que los trabajadores se encuentran en el peor de los mundos: o carecen de representación o son representados por burocracias corporativas que se perpetúan indefinidamente en el disfrute de sus posiciones de privilegio. Plantarse frente a este molde anacrónico y adulterado debería ser una de las irrenunciables señas de identidad de una izquierda auténtica, comprometida con llevar la democracia también al terreno sindical.
ALEARDO F. LARíA (*)
(*) Abogado y periodista.
