Existen dos prácticas institucionalizadas que, estando a los perjuicios tanto morales como materiales que producen, deben ser profundamente cuestionadas y, en lo posible, rápidamente erradicadas.

La primera: cada vez que se pretende controlar (de control, comprobación, fiscalización, intervención respecto de una cuestión cuyo desarrollo interesa) o sugerir, desde una visión crítica pero con espíritu constructivo, cualquier acto de gobierno, la reacción habitual consiste en tildar al que pretende controlar -o al menos proponer el control- de opositor, máquina de impedir, enemigo de la gobernabilidad o directamente de la democracia. Algo así como una especie de "aquel que ganó la elección hace lo que le parece y lo que le parece está bien porque ganó la elección". No importa qué tan fundadas, serias, razonables y profundas sean las sugerencias, críticas o propuestas de control.

La segunda: estructuralmente vinculada con la primera. Consiste en definir a priori "lo que a la gente no le interesa" o "no comprende". Así, temas tales como el presupuesto provincial, todo lo referente al Poder Judicial, la selección de magistrados y funcionarios, la publicidad oficial y la corrupción a gran escala, por mencionar sólo algunos, son temas que a la gente "no le importan". Extraña forma de entender la democracia y la república. En definitiva, la gente vota para que el gobierno elegido haga sin demasiadas explicaciones, y si es posible sin controles, todo lo necesario para darle lo que le importa. Que luego, por malos negocios, decisiones en interés de un grupo, corrupción institucionalizada, prebendas, corporativismo, garantías de impunidad, etcétera, etcétera, no se le pueda dar a la gente lo que "le importa", es un detalle.

Probablemente haya que trabajar, y mucho, en conectar simplemente los actos de gobierno con las carencias en materia de, al menos, los derechos fundamentales. Regla simple. Lo que se va a un lado no va al otro.

Y otro tanto en conectar la participación real ciudadana con las decisiones que nos afectan. Regla simple. Todo lo que no decidimos lo decide otro.

En ese contexto, podemos empezar a incidir, desde ahora, en las instituciones mencionadas, por ejemplo, en el Título VI de la Constitución provincial, órganos de defensa de los intereses del Estado y de contralor. La Fiscalía de Estado (encargada de defender el patrimonio del fisco); la Contaduría General y Tesorería (control interno de la hacienda pública; supervisión y programación de ejecuciones presupuestarias); el Tribunal de Cuentas (control externo de caudales públicos) y Defensoría del Pueblo (defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en el marco constitucional).

De igual manera es posible que el año próximo se designe un vocal del Tribunal Superior de Justicia y se discuta la composición del Consejo de la Magistratura (selecciona a jueces y funcionarios). Recuerdo que el Poder Judicial también obra como garante de la efectiva vigencia de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a actos u omisiones de los otros poderes del Estado.

Además, puede intentarse la sanción de la ley de acceso a la información pública. Básicamente porque ésta "constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información" del sector público.

Los mecanismos por los cuales se eligen los mejores (más idóneos, más éticos) son importantes en este sentido. Luchar por controles efectivos, en general, y por participación, es un desafío constante y necesario. Al menos para poner en evidencia a quienes se oponen. A quienes hacen lo posible para instalar obsecuentes o cómplices en vez de independientes y capaces. A quienes insisten en que a la gente "no le importan" las cuestiones que, paradójicamente, conducen a la falta de salud, de educación, de vivienda, de paz social.

Básicamente, ir por control. Ir por participación. A demostrar que nos importa. La democracia sustancial no es un acuerdo vacío que se agota con el voto.

MARCELO MEDRANO (*)

(*) Abogado. Neuquén