VIEDMA (AV).- "Era responsabilidad del fiscal de Estado tomar la decisión de quién debía controlar las liquidaciones". Así lo sostuvo Sandra Bombardieri que en la audiencia de ayer disparó duramente contra Alberto Carosio, sobre quien lamentó que "por sus fueros todavía no esté acá, porque aún no sabemos si tuvo instrucciones del gobernador" para pagar las devoluciones de los descuentos de la Ley 2990 sin un control previo.

A Bombardieri se le imputa el delito de "fraude a la administración pública por administración fraudulenta" por presuntamente haber autorizado un pago que en su momento superó los dos millones de pesos demás de lo que correspondía al estudio del abogado viedmense Juan José Zalesky, suma que ahora se redujo a 1.700.000 pesos, teniendo en cuenta que el abogado devolvió parte de lo que incorrectamente había percibido. Carosio también está imputado pero su situación procesal no está resuelta porque nunca respondió a la citación judicial amparándose en los fueros.

"Tenía muy poco trato con él y clara mi función, que era lo judicial" tanto como Carosio cuando se hizo cargo de la Fiscalía de Estado "conocía sus funciones, lo que era la comisión de transacciones, los expedientes de las licitaciones. No me pareció una persona perdida dentro de la Fiscalía", respondió ante la consulta de los jueces de por qué no advirtió al fiscal sobre los riesgos que se corrían pagando sin controlar las liquidaciones y teniendo en cuenta que con esas condiciones se efectivizaron millones de pesos demás de lo que correspondía. Aseveró que "si el fiscal tuvo la viveza de cambiar el reparto de honorarios, a poco de ingresar, no estamos hablando de una persona que no sabía dónde estaba parada".

La abogada aclaró ayer ante el Tribunal una serie de conceptos en respuestas a los abogados y empleados de ese organismo que atestiguaron "disfrazando la realidad. Tengo la impresión por lo que ha sucedido en este debate que cada uno se salvó a sí mismo. Dijeron algo para cubrirse".

Aseguró que cumplió con lo que fijó el decreto que ordenó las devoluciones a miles de estatales y desmintió al testigo Molina que le adjudicó haber ordenado que no se controlaran las liquidaciones. "Los convenios son potestad y competencia del Fiscal de Estado y había una urgencia para que pasaran a su firma y eso fue lo que le dije a Molina".

Ante consultas del tribunal sobre si hubo advertencias de su parte al fiscal sobre los riesgos de pagar sin controlar las liquidaciones, Bombardieri respondió que Carosio tenía la máxima autoridad en la rama judicial de la fiscalía y "podía afectar con exclusividad a Molina para controlar durante dos años si quería y asumir esas demoras, pero era una decisión de él, no mía, en absoluto. Optó por adoptar una cláusula de control de responsabilidad de los letrados en un convenio por el principio de buena fe, en el que evidentemente hubo un abuso de confianza de la contraparte porque también hay que mirar a los que liquidaron mal".

Reiteró que los convenios con las liquidaciones incluidas iban al escritorio del fiscal que era quien decidía. "A mí no me incumbía el control" y aseguró que nunca habló de ellos con Carosio. Desconoció quién hizo el instructivo de los convenios y supuso que "lo habrá redactado el fiscal pero no tengo idea".

En referencia a la modificación dispuesta por Carosio de la distribución de los honorarios, Bombardieri sostuvo que "ya prácticamente no los cobramos".

Entre los abogados que declararon ayer, incluido el fiscal adjunto Julio Ortiz, Roberto Gaviña. Relató que debió reclamar el pago de honorarios de unas 16 causas que había iniciado con su colega Juan Carlos Montecinos y luego que éste percibiera la totalidad de ellos. Gaviña aseguró que la Fiscalía le abonó unos 80.000 pesos a través de una regulación adicional, lo que significó que en este caso el organismo pagó dos veces los mismos honorarios.