VIEDMA (AV).- El gobernador Miguel Saiz hizo un férrea defensa de sus funcionarios involucrados en la causa Flavors, que recientemente fueron convocados por la Justicia para prestar declaración indagatoria. "Este es un juicio mediático inventado", sostuvo el mandatario al ser consultado acerca de las presentaciones de los ministros de Familia, Alfredo Pega, de Hacienda, Pablo Verani, de Salud, Cristina Uría y su antecesora en la cartera sanitaria Adriana Gutiérrez.

"No tengo ninguna duda de que no tienen ningún tipo de responsabilidad y así ha quedado demostrado con todas las indagatorias de los funcionarios que declararon, y los que no han declarado no han recurrido a sus fueros, sino que se han colectado pruebas fuera de la provincia y por lo tanto quieren ver cuál es la prueba de que se trata", agregó Saiz.

El gobernador no dudó en adelantar que en febrero o marzo "cuando se conozca el fallo" del juez de Instrucción, Juan Bernardi, "se van a dar cuenta quien tiene razón". Minimizó las diferencias entre elaboradora o fraccionadora, que constan en distintos expedientes de Salud Pública en relación a la planta montada por Flavors en General Conesa y preguntó a los propios periodistas acerca de si conocían en qué modificaba la situación una u otra condición.

"El objetivo de las exenciones impositivas está dado por la generación de puestos de trabajo y de radicación en los distintos parques industriales, aunque sea fraccionadora, elaboradora, distribuidora o contenedora, igual tiene los derechos que le establece la ley", manifestó el mandatario.

Luego aseguró que "no hay ninguna diferenciación en si la planta era elaboradora o fraccionadora. Hay un dictamen del Inal que dice claramente que no hay ninguna diferencia".

-La denuncia expresa la sospecha de que la diferencia entre una condición y otra le habría permitido a Flavors evitar algunos controles. ¿Usted lo niega?

-¿De quién es la responsabilidad de controlar? Del Inal -se respondió a sí mismo el gobernador-.

Cuando se le aclaró que el Inal delega en las provincias esos controles, Saiz refutó: "Pero ¿cuáles son los controles que no se cumplieron y cuál es la diferenciación? Esperemos que salga el fallo en febrero o en marzo y se van a dar cuenta quién tenía razón", concluyó.

La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, y denunciante en esta compleja causa referida a los productos alimenticios que proveía Flavors al Estado rionegrino para sus planes nutricionales calificó como "desatinadas, imprudentes y sospechosas" estas declaraciones "que dejan al juez en una situación muy comprometida porque adelanta que la causa va a terminar en el archivo, a pesar de que hay pruebas suficientes para que se haga Justicia".

Piccinini aseguró que hubo "falseamiento por parte de los empresarios" con la complicidad de los funcionarios, "de los rótulos de los alimentos". Afirmó además que en esa planta "se mezclaban polvos cuyo origen se desconocía, se metían en pequeñas bolsas y se etiquetaban con los números con los que Masily había registrado esos productos en San Luis".