SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En la última audiencia del juicio contencioso administrativo que entablaron doce policías cesanteados contra la Policía de Río Negro, ayer declaró la escribana que redactó el petitorio de los 36 agentes que se manifestaban sobre los puntos de un compromiso que el Gobierno incumplió, y después declaró el subcomisario Luis Jara, sobre las presuntas irregularidades que debió superar para defender a uno de los agentes.

Previo al dictado de sentecia por parte de la Cámara Laboral de Bariloche, falta que declaren, aunque todos lo harán por oficio, el obispo Fernando Maleti, el jefe de Policía en la provincia, Víctor Cufré y otros jefes de la fuerza de seguridad.

La causa contra la Jefatura de Policía se inició cuando dejaron cesantes a los 12 demandantes, pero tiene origen en las medidas que iniciaron el 4 de diciembre de 2006 los 36 policías que ocuparon dependencias de la Regional Tercera acompañados por familiares, para reclamar por el incumplimiento de un acta firmada el 12 de octubre de 2005, que puso fin a un reclamo anterior,

El diálogo con la superioridad se rompió al día siguiente, cuando llegó desde Viedma el entonces subjefe Víctor Cufré, con la amenaza de dejarlos cesantes y denunciarlos por la presunta comisión de delitos.

Los doce suboficiales despedidos consideran que todavía tienen estado policial, y piden que se dejen sin efecto las resoluciones que dispusieron su cesantía y se disponga el reintegro en sus cargos, destinos y tareas, con pago de las remuneraciones retenidas actualizadas, ordenando, además, que sean considerados para el ascenso todos aquellos a quienes les corresponda acceder al grado inmediato superior.

También plantearon la insconstitucionalidad de algunas normas que afectan sus garantías y los Pactos internacionales, y medidas cautelares que les permitan desempeñarse en empleos privados mediante la duración del sumario, y cobertura de la obra social.

Uno de los policías que deberá declarar en la causa es el entonces jefe de la Unidad Regional Tercera, Jorge Uribe, quien aseguró que el acuartelamiento no impedía la prestación de los servicios normales de seguridad.

Su testimonio puede ser importante para la decisión que tomen luego los magistrados que analizan el caso.

También puede tener relevancia la declaración del obispo Maleti, dado que su mediación y la del legislador Hugo Castañón, como garantes de un compromiso, pusieron fin al anterior acuartelamiento, el 12 de octubre de 2005.