VIEDMA (AV).- La ex ministra de Salud y actual legisladora, Adriana Gutierrez, confirmó ayer ante la fiscal Daniela Zágari y el juez Juan Bernardi que suscribió la resolución por la cual se le otorgó el Registro Nacional de Establecimientos a la planta de Flavors, montada en General Conesa. En ese documento consta que en ese edificio se fraccionaban alimentos que provenían ya elaborados desde otras fábricas.

Pudo saberse además, que en la declaración indagatoria tomada ayer por la mañana, la legisladora habría deslindado su responsabilidad en cuanto a los controles bromatológicos y sanitarios que debía hacer el organismo, y endilgado esas acciones a departamentos y áreas del ministerio con menor jerarquía.

Por su parte, la actual ministra, Cristina Uría, se presentó por la tarde y solamente se limitó a tomar conocimiento de las imputaciones en su contra y pedir ampliar su declaración el próximo miércoles. Ambas funcionarias fueran defendidas por el abogado Juan Carlos Chirinos, quien las patrocina junto a Oscar Pandolfi. Los mismos letrados asesoran al ministro Alfredo Pega, quien también pidió ampliación de su declaración para la próxima semana.

A Uría se la investiga por la homologación de los alimentos preelaborados mediante la resolución 773, firmada el 22 de mayo de 2007, días antes de que Gutierrez reasumiera en el cargo tras la licencia por su campaña como candidata a legisladora. En esa resolución se sospecha -según la denuncia presentada por la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, que dio origen a este expediente- que existirían serias irregularidades ya que los productos fueron dados de alta en Río Negro con los mismos números de registro que en San Luis, lo que habría permitido que no fueran sometidos a los rigurosos controles del Inal.

Este complejo proceso de autorizaciones tanto de los alimentos como de la planta de Conesa, en el que además existen documentos del mismo Ministerio de Salud que la clasifican como fraccionadora y otros como elaboradora, aporta mucha confusión al expediente, que requiere para su entendimiento de conocimientos profundos acerca de la legislación vigente a nivel nacional para la autorización y registro de productos alimenticios. Los investigadores que intervienen en este engorroso trámite, deberán descubrir si esas contradicciones han sido producidas adrede con el ánimo de aportar ingredientes a una confusión deliberada que permitiera concretar una supuesta defraudación.

Llamativamente en la causa consta un pedido de habilitación enviado por la misma empresa al Ministerio de Salud en la que se solicita la imposición de la condición de fraccionadora. Esa clasificación no le habría permitido a la firma ser beneficiada con millonarias exenciones impositivas que, no obstante, fueron otorgadas por el ministro Pablo Verani. En tanto, se analiza también si hubo delito al autorizar la homologación de los alimentos y la habilitación de la planta, evadiendo determinados controles del Inal.

La fiscal y el juez intervinientes deberán determinar además si existió alguna acción ilegal por parte del Ministerio de la Familia, organismo responsable de la contratación y distribución de los alimentos, como también por parte de los empresarios Javier Matas, Maximiliano Vicchi y Daniel Fernández.