VIEDMA (AV).- El ex integrante del STJ y recientemente designado fiscal general, Edgar Echarren, deberá esperar hasta febrero para asumir en ese rol.
Así lo definió el máximo tribunal rionegrino, presidido por Luis Lutz, que ayer firmó una nota dirigida a la procuradora general, Liliana Piccinini, en la que informa que con fecha 1 de diciembre el STJ resolvió designar presidente para el periodo próximo al actual vocal Víctor Sodero Nievas. "Se consensuó -con el próximo titular del Poder- postergar hasta después del próximo 1 de febrero todos los juramentos de cargos de magistrados y funcionarios designados", sostiene la misiva.
También deberán esperar para asumir la nueva defensora general, Rita Coustet Llambí; el secretario de Superintendencia del Ministerio Público, Eduardo Rosso, y la jueza civil del Juzgado 3, Rosana Calvetti. Los tres, junto con Echarren, obtuvieron los máximos puntajes en la evaluación que culminó la semana pasada en el Consejo de la Magistratura en una polémica reunión en la que hubo fuertes controversias y que provocó acusaciones cruzadas entre los integrantes del cuerpo colegiado.
La nota enviada por Lutz a Piccinini fue en respuesta al pedido concreto de la procuradora general de que se dispusiera lo necesario "en pos de postergar el juramento del recientemente designado Edgar Echarren, en el cargo de fiscal general -dependiente de este organismo-, hasta tanto ese STJ resuelva su situación administrativa". Piccinini basó también su solicitud en la necesidad de esperar la resolución de la situación procesal de Echarren en el expediente que lleva adelante el Juzgado de Insturcción N° 2 en el que se lo investiga por presunto prevaricato. En esa causa, el ex integrante del STJ no se presentó a prestar declaración explicativa ante el juez Carlos Reussi, amparándose en supuestos fueros.
Ambos expedientes están relacionados con la decisión de Echarren de aceptar participar como conjuez en una causa civil contra el abogado Juan José Zalesky por supuesta defraudación al Estado, a pesar de que en el fuero penal -donde se investiga ese delito que habría perjudicado al erario público en al menos dos millones de pesos- Echarren ofició de defensor del imputado Zalesky.
Piccinini solicitó aguardar esas definiciones para "preservar la calidad institucional y la transparencia de toda incorporación a los organismos del Poder Judicial".
