VIEDMA (AV).- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, presentó ayer una nueva denuncia penal contra el legislador Daniel Sartor, acusándolo de no haber declarado bienes de su propiedad en el marco de la Ley de Ética Pública y de los artículos 268/3 y 249 del Código Penal argentino.
La información que utiliza la titular del organismo de control para basar su presentación surge de la resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que mandó al archivo el expediente por presunto enriquecimiento desproporcionado del parlamentario oficialista, pero que admite la omisión de hacer constar en sus declaraciones juradas la totalidad del patrimonio incorporado por el funcionario a lo largo de su vida pública.
A pesar de que el propio fiscal Pablo Berraz y luego la Justicia, en primera instancia, le negaron a Piccinini la posibilidad de acceder a la documentación que respalda la decisión de la Fiscalía, el texto mismo de la resolución le permitió a la defensora obtener pruebas suficientes como para sospechar de la existencia de un ilícito en relación a la ley provincial 3.550 y radicar la consecuente denuncia penal.
El trámite se concretó ayer a la mañana ante el fiscal Marcelo Alvarez. El escrito presentado por Piccinini consigna que, en su resolución, Berraz asegura que "el legislador Daniel Sartor omitió denunciar la existencia de bienes en sus declaraciones juradas, habiendo incumplido con la obligación de informar anualmente respecto de las variaciones patrimoniales relevantes".
Textualmente la funcionaria indica que Berraz, da por acreditada la titularidad de un bien anterior al año 1995 que "... no fue denunciado en la declaración jurada presentada en diciembre..." de ese año. Otras dos parcelas adquiridas en 1989, tampoco fueron declaradas en las presentaciones de 1995, 2001 y 2003. Lo mismo ocurriría con otros lotes comprados en 1991 y varios lotes anteriores al 95.
"Vale decir, -reflexiona Piccinini- que el legislador Daniel Sartor, a lo largo de toda su carrera en la función pública, esto es durante 14 años, omitió presentar la totalidad de declaraciones juradas de bienes que le imponía la legislación vigente".
Sostiene, además, que "en las únicas declaraciones juradas que presentó en los años 1995, 2001 y 2003, deliberada y sistemáticamente omitió denunciar bienes que dice haber incorporado a su patrimonio con anterioridad".
Además de la ley 3550 -de Ética de la Función Pública- la actitud de Sartor habría infringido lo normado en los artículos 268/3 y 249 del Código Penal, que penan con prisión de 15 días a dos años e inhabilitación especial y perpetua el que estuviere obligado a presentar un declaración jurada y omitiere hacerlo y con multa de entre 750 y 12.500 pesos e inhabilitación de un mes a un año a quien ilegalmente omitiere o retardare algún acto de su oficio.
