El procedimiento del Consejo de la Magistratura que terminó con la designación de Edgar Echarren como fiscal general de la provincia quedará en la historia rionegrina como uno de los más bochornosos, poco transparentes y desprolijos de que se tenga memoria.
La serie de anomalías es tan grande que conviene hacer un análisis pormenorizado.
* La ley que reformó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura contempla un complejo sistema de selección de postulantes previsto con el argumento de sumar transparencia a las designaciones, ya que nadie se atrevería a promover que actúe en el sentido contrario. No obstante, su primer efecto fue la demora en la cobertura de cargos. Y el segundo, la demostración de que el nuevo sistema de puntajes no impide -sino que en ocasiones favorece- la manipulación tendiente a beneficiar o perjudicar a candidatos por razones ajenas a sus aptitudes para el cargo, tanto académicas como personales.
A juzgar por lo sucedido en sus últimas acciones, el Consejo de la Magistratura en Río Negro sigue siendo un mecanismo discrecional de designación y juzgamiento de jueces y funcionarios del Poder Judicial, permeable a operaciones políticas del Poder Ejecutivo, lo que vuelve ilusoria toda posibilidad de que lleguemos en las próximas décadas a tener un Poder Judicial independiente, eficiente, moderno y organizado con criterios propios de una meritocracia y no de una autocracia.
* La ley que creó en el Ministerio Público los cargos de fiscal general y defensor general cometió algún desacierto y un error jurídico grave: el desacierto fue mantener una conducción unipersonal en un órgano esencialmente bicéfalo, lo que derivó en la sobreabundancia de cargos de alto costo económico y en la superposición de funciones entre la procuración y el fiscal general en lo que respecta a la conducción de la política de persecución penal.
El error grave fue establecer que el fiscal general y el defensor general sean designados por el Consejo de la Magistratura -un órgano que se integra en forma diferente para analizar cuestiones relativas a cada circunscripción judicial- y no por el Consejo "grande" previsto en el artículo 204 de la Constitución provincial, que designa a los jueces del STJ y al procurador. Tanto el fiscal general como el defensor general tienen jurisdicción para toda la provincia pero -por error o intención política- en su designación no están representados los colegios de abogados de Bariloche, Roca y Cipolletti sino sólo los abogados de Viedma.
Si se considera que la mayoría de los abogados de la capital provincial son funcionarios, empleados o asesores de algún organismo del Estado, surge con claridad que el efecto es incrementar el riesgo de que falte independencia en la designación de funcionarios de tanta importancia. Este absurdo criterio de selección fue defendido afirmando que estos funcionarios tendrán su sede de funciones en Viedma, algo que también implicaría que sólo los pobladores de esa ciudad elijan al gobernador de la provincia.
Hasta aquí, entonces, surge que dos funcionarios judiciales con jurisdicción en toda la provincia -el fiscal general y el defensor general- fueron designados sin la participación de representantes de tres de los cuatro colegios de abogados existentes en Río Negro.
Para advertir la gravedad del caso conviene pensar en un supuesto: ¿quién lo juzgará si uno de esos funcionarios comete una irregularidad en Bariloche, el Consejo de la Magistratura de Viedma?
El tema es más preocupante si se considera que la persona que resultó elegida como fiscal general en la provincia tiene dos causas pendientes -una penal y otra administrativa- originadas en una grave imputación en su contra.
Edgar Nelson Echarren -de él se trata- fue denunciado penalmente porque, siendo abogado defensor de Juan Zalesky en la causa penal que investiga una presunta defraudación al Estado, aceptó integrar como conjuez la Cámara Civil para resolver en la demanda iniciada contra su defendido por los 2 millones de pesos que la Fiscalía de Estado le reclama como cobrados en forma indebida en ese mismo episodio. En ese expediente penal, Echarren se negó a declarar ante el juez Reussi invocando sus fueros de conjuez.
Planteada ante el Consejo de la Magistratura la objeción a su desempeño en ese mismo tema se resolvió que -por ser conjuez y no juez- correspondía al STJ analizar una eventual sanción, pero ese organismo aún no lo resolvió.
Además, durante la audiencia de antenoche surgieron otras sombras al proceso de designación:
* Los tres abogados de Viedma en el Consejo propusieron cambiar el modo de evaluación de la entrevista personal de los aspirantes a cargos: en lugar de promediar los puntajes otorgados por cada consejero impulsaron que los puntajes sean votados y que sólo se consigne el que obtenga la mayoría. Algo así como un juego de azar en el cual el ganador se lleva todo el pozo, en lugar de una evaluación merituada por un órgano colegiado. Los legisladores radicales en el consejo asintieron con su voto y el modo de puntuación quedó así alterado con el silencioso aval de Luis Lutz y pese a las airadas quejas de la procuradora general y del legislador Martín Soria, quien se retiró de la sala denunciando la maniobra.
* Durante la entrevista personal a Echarren, los asistentes constataron que respondió en forma insatisfactoria a varias de las preguntas de la procuradora Liliana Piccinini, quien ahora será su jefa. Por ejemplo, cuando le recordó que él mismo -como juez del STJ- firmó una resolución afirmando que los fueros no detienen un proceso sino que sólo impiden una detención, pero ahora se amparó en fueros para evitar declarar ante un juez. "No lo recuerdo", dicen que dijo Echarren. La procuradora insistió sobre criterios de acusación fiscal y sobre instrucciones de la Procuración a la policía, que por el cargo al que aspiraba debía conocer, con igual magra suerte y resultado.
A pesar de estos puntos flojos, tanto los legisladores radicales Casadei y Torres como los representantes del Colegio de Abogados de Viedma le asignaron en la entrevista el máximo puntaje -40 puntos-. Luego votaron en lugar de promediar y listo: fue elegido.
Más allá del uso de la facultad de evaluar a discreción, el procedimiento se vio empañado por el cambio de la metodología de cómputo, lo que podría dar lugar a impugnaciones por parte del fiscal de Cámara Carlos López, afectado por la resolución. Si bien en teoría las decisiones del Consejo de la Magistratura son irrecurribles, ninguna decisión en democracia puede serlo en forma absoluta.
Del suceso, en principio, sale golpeado el propio Echarren, un ex juez de 72 años que se retiró con prestigio en la provincia y que ahora se ve asociado a un procedimiento objetable.
Cabe preguntarse qué objetivo llevó a él y al radicalismo rionegrino a pagar tan alto costo para imponer su designación impidiendo el ascenso de un profesional intachable como López. Justo cuando el aval al 82% móvil se argumentó como un modo de favorecer el retiro de jueces mayores para renovar el Poder Judicial.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar
