Las cosas no son tan sencillas como las plantea Guillermo Moreno. Imponer a las empresas un precio sobre la fruta embalada para que el productor pueda sostenerse dentro del sistema, no es una cuestión fácil de aplicar. Ni desde el aspecto legal, ni desde el punto de vista práctico, por la complejidad que presenta el sistema frutícola regional.

El precio que se consigue por un kilo de fruta en el mercado está conformado por infinitos factores: la especie de fruta que se coloque en la góndola, la variedad, su calibre, su calidad, el destino final de esa fruta, la característica de la empresa local, el financiamiento que se obtenga, el momento en que ingresa esta fruta al mercado y el canal de comercialización utilizado una vez fuera del barco.

Así, es imposible poner un precio de facto sobre la fruta comercializada por el Valle. Lo que se obtiene cada vez que finaliza una temporada son promedios de precios, y cada empresa -con los riesgos propios del libre mercado- consigue mayores o menores valores en relación a estos promedios.

Hacer una transferencia de recursos intra sistema por decreto es una fantasía, con el agravante de que puede terminar perjudicando al conjunto. Moreno pretende intervenir en el reparto de lo que el mercado produce. La idea de establecer un precio para la fruta por métodos indirectos, no funciona en ninguna parte del mundo. Este mismo funcionario fue el encargado de "intervenir" en estos últimos años la ganadería, la lechería y el trigo -todas actividades mucho más sencillas que la fruticultura- con resultados tristemente negativos.

En definitiva, el gobierno, sin conocer el sistema y el negocio frutícola, intenta bajo métodos draconianos un valor que sólo el mercado dicta y, bajo esa consigna, crea una comisión tan extensiva en actores que probablemente termine diluyendo la discusión.