Escogió el más turbado camino financiero y extendió el mandato institucional de disciplinados examinadores. El oficialismo abonó su política acrobática y primitiva.

Río Negro profundiza su dependencia de Nación pero además vuelve al financiamiento de los créditos bancarios, siempre de costosas tasas. La Legislatura avaló ese medio. El perentorio préstamo de 200 millones abrirá la serie. Los otros endeudamientos dependerán del resultado de la sumisión con Nación.

La provincia cerrará el año con una deuda cercana a los 3.900 millones. Nueve de cada diez pesos adeudados -91%- convergen en el Estado nacional. Certera muestra del enlace de la suerte rionegrina al porvenir y humor del gobierno kirchnerista. El gobernador sabe y reconoce la necesidad de la subordinación de las provincias a la Nación.

Hacienda sabrá mañana el cierre bancario de sus exiguas cuentas y esperará señales del equipo de Amado Boudou para anunciar esta semana el pago de los salarios de noviembre.

La sujeción tiene innumerables campos. El conflicto frutícola también recayó en despachos K. Tras las quejas de Saiz en la Casa Rosada, el secretario Guillermo Moreno estrujó a los empresarios frutícolas para mejorar los precios de compra a los productores. Además, el sector turístico mantendrá los subsidios nacionales al personal hotelero y gastronómico de Bariloche.

El oficialismo extendió el mandato de Pablo Berraz en la Fiscalía de Investigaciones y de Carlos Malaspina en el Tribunal de Cuentas.

El poder en los órganos de control es radical y de ex funcionarios. Son condiciones que -de por sí- no empeñarían sus independencias. Esas razones hay que rastrearlas en el resultado de sus vigilancias y sus pesquisas.

Entre los expedientes Berraz llegó a la Justicia con las causas de Gavazza y Flavors. Pasos arengados para justificar ciertos respaldos legislativos. Análisis parciales. El laboratorio recayó finalmente en tribunales cuando Berraz concurrió con un expediente de medicamentos faltantes en Salud. Antes, esa droguería entregó el Yectafer adulterado (que causó la muerte de Verónica Díaz) pero siguió como proveedor del Estado. Tiempo después, en el Ipross se detectó la entrega de troqueles adulterados. Así no existían mayores opciones para el futuro de Gavazza. Igual ocurrió con el consejo de la Fiscalía para retirar a Flavors de la provisión de alimentos preelaborados. No fue tanta osadía, no fue un acto de indisciplina oficial. Ya entonces hasta el vicegobernador Bautista Mendioroz había pedido esa decisión.

En la evaluación también hay que bucear en otros trámites. Es reciente el archivo del presunto incremento desproporcionado del patrimonio del legislador Daniel Sartor. Están pendientes otro expediente por el patrimonio de la secretaria de Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda, y uno del manejo de los fondos para Turismo del ministro Omar Contreras.

Paradigmática y silenciosa clausura ocurrió hace dos años. Consistía en el contrato otorgado a Isolux Corsan por 42 millones para construir Salto Andersen. La licitación se llamó por 21,8 millones, pero Isolux pidió el doble y dos empresas interesadas desertaron por el precio base.

El DPA aceptó su error en su presupuesto y, sin otra licitación, contrató a aquel grupo español (hoy representado en el país por el ex gobernador Horacio Massaccesi). El ex legislador Javier Iud llevó el caso a Berraz. Un año después el fiscal negó la acusación porque no reparó en "irregularidades en el procedimiento administrativo". El "juicio de conveniencia" -entendió- es un ejercicio de las "facultades discrecionales" del contratante. Aquí lo valoró como "razonable" pero exhortó igualmente a las autoridades para el "estricto control, seguimiento y supervisión de la obra contratada para demostrar la eficiencia y la transparencia del procedimiento". Curioso epílogo para avalar un contrato poco transparente cargado de fantasías y sospechas.

El otro controlador: el Tribunal de Cuentas es el máximo juzgador administrativo del Estado provincial, con poder sancionatorio. Emite sentencia y puede exigir la restitución de fondos públicos a empleados o funcionarios que hayan perjudicado patrimonialmente al Estado. También deriva ilícitos al fiscal. Malaspina sigue en ese cuerpo, que comparte con Pedro Casariego y Daniel Bossero, cuyos mandatos vencen en el 2012.

Avanzada y audaz normativa, pero hay que repasar sus actuaciones.

Anodinas y reiteradas auditorías y, hasta noviembre, registra nueve sentencias de juicios. Pobre. Figura un fallo donde retirados policiales deberían restituir unos 500.000 pesos originados en una condena penal por irregularidades en la contratación del mantenimiento de patrulleros. Dos sentencias se refieren a empleados por el manejo anómalo de fondos en actas de infracción o liquidaciones de haberes. Otra causa fue extinguida por prescripción. Las restantes cinco son condenas económicas a policías por la pérdida de sus armas. ¿El año pasado? No muy diferente. Las resoluciones fueron catorce, cinco extinguidas o absolutorias. De las otras, hay fallos resarcitorios a empleados por fondos desviados del Ipross, Altec o comisarías. Pero más de la mitad -cinco de nueve- se mantienen en sentencias por armas extraviadas que recaen en uniformados, que sí abonan ese perjuicio estatal en 10 ó 12 cuotas con el descuento de sus salarios. En Río Negro el principal quebranto público se sustenta en las armas perdidas por sus policías.

No hay plan oficial distinto. Pudo el gobernador ofrecer otra elección, pero prefirió sostener al oficialismo en este camino arcaico. En realidad, Saiz cumplió con un pedido del vicegobernador Mendioroz, quien después unificó votos y aliados en la sesión. Así se aclara la férrea defensa del legislador Gatti a las nominaciones, que había rechazado hace seis años. Sobraron votos, aquellos que faltaron para cubrir un dislate del Ejecutivo. El bloque radical se opuso a cambios para Casa Rionegrina, con su recapitalización. El proyecto llegó con "acuerdo de ministros" pero Pablo Verani desconoció el impacto y la reforma propuesta por Vicente Pili cuando lo consultaron diputados radicales. La iniciativa fue excluida de la sesión del jueves. Sería fatigoso requerir coordinación superior al gobierno de Saiz en un plano de semejantes absurdos.

La Legislatura también sumerge los desatinos judiciales. Inagotable riña sostienen parte del STJ -que discrepa entre sí también- y la procuradora por la reforma de la ley orgánica del Poder, que promete más facultades al tribunal para sancionar a jueces y funcionarios. Esta contienda se afinca en el horizonte legislativo, pues ya existe su aprobación en primera vuelta. Una trifulca judicial como tantas otras. Aquéllas donde esas acciones nunca se convierten en mejoras del servicio para los mortales rionegrinos.

Hechos y gestos aislados. Silencios y palabras sueltas. Perfecta traducción de la movilización lanzada por Saiz para el próximo 11 de diciembre. ¿Qué quiere? Reposicionarse políticamente e insistir en la reforma constitucional, apremiar con manifestaciones de militantes y de comités a los legisladores y la dirigencia que no quieren aquella demanda suya.

"El proyecto de la reforma no será elevado todavía. Hay que trabajar de arriba para abajo y el último plazo para presentarlo es abril". Saiz delimitó esos tiempos en la cena que el miércoles mantuvo con sus principales delfines políticos. Trama las elecciones constitucionales para fines del 2010. Por ahora, sólo una expresa aspiración.

Comparte un proyecto de elecciones internas abiertas y simultáneas, pero no cree en el criterio obligatorio. Maquina un área electoral dentro del Ministerio de Gobierno, según lo hablado con Iván Lazzeri. Intentó pacificar relaciones complicadas en su gestión. Reunió al ministro César Barbeito con el diputado y gremialista Juan Carlos Scalesi. Abreviaron los desafíos y se mostrarán mañana en un acto con el gobernador.

Hilvanar alianzas institucionales y políticas en la fragilidad financiera. Optar por el camino más conocido pero más temerario. Trazos que la sociedad detecta recién cuando la realidad acarrea falta de certidumbre.