NEUQUÉN (AN)- "El Poder Judicial no va a solucionar los conflictos; pero es al juez a quien le llega el problema y debe resolver un problema político, social, que se traduce en lo jurídico. Los que puede hacer el juez, y esto hay que tenerlo presente, es abrir puertas o cerrarlas" en términos de respeto de los derechos.

Así lo definió Silvina Ramírez, una abogada que desde hace 15 años se ocupa de los derechos de los pueblos indígenas. Esto la llevó a trabajar en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Colombia. Además es profesora de Derecho Constitucional y de Derechos de los Pueblos Originarios y Neoconstitucionalismo en la UBA.

Hoy dará una charla en Zapala sobre "Los derechos de los pueblos indígenas: normativa nacional e internacional", organizada por la Asociación de Magistrados de Neuquén.

En diálogo con "Río Negro" la experta señaló que frente a estos temas "los Estados tienen desconocimiento, en el mejor de los casos, y en el peor, frente a conflictos de intereses no siguen los caminos más deseables".

Anticipó que hoy expondrá sobre "las herramientas jurídicas que existen para que los jueces puedan decidir con los mejores argumentos los casos que se les presentan. Esto va desde la normativa que existe a nivel internacional y se debe aplicar en la Argentina, hasta antecedentes jurisprudenciales sobre cómo se abordaron algunos casos en la Corte Interamericana".

Mencionó "las constituciones nacional y provincial, la ley nacional 26160 que es de emergencia de la posesión de la tierra; prohíben los desalojos por un plazo de tiempo y ordena tareas de mensura y demarcación de los territorios. También existe el convenio 169 de la OIT que es un buen resumen de la multiplicidad de derechos de los pueblos indígenas. Es decir, herramientas hay, la cuestión es cómo se interpretan y aplican".

Ramírez afirmó que "lentamente se va construyendo una jurisprudencia alrededor de los derechos de los pueblos indígenas". Y se mostró favorable a que los códigos procesales y de fondo incluyan "alguna normativa que pueda funcionar como articulación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena".

Por otra parte descartó que en la región se llegue a niveles de conflictividad como en Chile. "Por empezar la legislación es muy distinta, y aquí está la Confederación Indígena que tiene una postura dialoguista", diferenció.