NEUQUÉN (AN).- La Confederación Mapuche cuestionó ayer duramente al gobernador Jorge Sapag, al que acusó de utilizar la policía para reprimir a los indígenas que viven en tierras neuquinas para favorecer a "sus amigos de la Sociedad Rural".

Además señaló que en el caso del desalojo de la comunidad Paichil Antriao, ocurrido el miércoles, ya interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según planteó la werken Verónica Huilipán, el desalojo solicitado por un ciudadano estadounidense precipitó un pedido de ampliación de una denuncia de este organismo internacional, que ya estaba al tanto por un planteo hecho por el caso de las tierras ubicadas en Villa La Angostura.

La Confederación ya había recurrido a este estrado luego de desconocer lo actuado por la justicia provincial desde 2007, a la que acusa de no tener en cuenta los tratados de rango constitucional que preservan el derecho que pudieran tener sobre tierras que ocupan los pueblos originarios.

Huilipán sostuvo que el fallo judicial viola la ley 26160, que suspende los desalojos de tierras donde viven comunidades indígenas, hasta que se culmine un relevamiento nacional que podrá establecer la pertenencia de los terrenos en disputa.

"Lo que hay en esta provincia es un proceso de cacería mapuche, producto de la alianza del gobierno de la provincia de Neuquén y la Sociedad Rural", dijo Huilipán durante una conferencia de prensa realizada en la sede local de la capital.

Según expresó, el relevamiento catastral dejaría en evidencia el grado de "usurpación de tierras históricamente ocupadas por mapuches".

El desalojo del miércoles implicó la participación de 65 efectivos de los grupos especiales GEOP y Despo. Arrasaron con tres viviendas construidas por la comunidad Paichil Antriao, en un lote privado de la zona alta del barrio Epulafquen.

Fue en cumplimiento de una orden del juzgado Multifueros, en función de una sentencia firme que data de 2007.

La abogada del observatorio de los derechos humanos de los pueblos originarios, Micaela Gómiz, dijo que "la comunidad nunca tuvo posibilidad de defenderse" dentro de la causa, y ese es otro motivo por el cual el fallo "es desconocido".

Ayer, en una reunión de la Confederación donde estuvieron representantes de la comunidad desalojada, Amandina Gutiérrez y Rosa Zobarzo analizaron con referentes de organismos sociales los próximos pasos que darán para resistir el desalojo.