La detención de Juan José Zanola, el jefe vitalicio del sindicato de los bancarios, por su presunto papel en la mafia de los remedios adulterados, ha enviado un mensaje ominoso no sólo a los demás "gordos" sino también a muchos integrantes del gobierno kirchnerista. Hay motivos de sobra para sospechar que a través de los años los encargados de manejar otras obras sociales sindicales han violado la ley por suponerse impunes merced a su poder político. Por lo tanto, no sorprendería en absoluto que al avanzar la investigación que ha emprendido el siempre polémico juez federal Norberto Oyarbide otros dirigentes que desde hace décadas forman parte del elenco estable sindical terminaran encarcelados. Tampoco sorprendería que la causa de los remedios afectara negativamente al gobierno nacional, cuya popularidad ya está por los suelos, puesto que no es ningún secreto que gente involucrada en ella aportó montos cuantiosos de dinero a la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner. Y, como si esto no fuera suficiente, el asunto está estrechamente relacionado con el triple crimen de General Rodríguez en que murieron asesinados, en agosto del año pasado, los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, al parecer por sus vínculos con una banda de narcotraficantes de origen mexicano.

Así, pues, estamos frente a un escándalo de repercusiones imprevisibles. Desentrañar la red de complicidades, separando a quienes han actuado de buena fe de los plenamente conscientes de que operaban al margen de la ley no será del todo fácil, pero mientras persistan dudas quedarán bajo sospecha no sólo los jefes sindicales que, como Zanola, se han eternizado a la cabeza de organizaciones poderosas que les han permitido cumplir un papel político importante, además de manejar a su discreción presupuestos multimillonarios, sino también funcionarios del gobierno de los Kirchner que han sido responsables de mantener firme la alianza oficial con el sindicalismo peronista tradicional dominado por "los gordos", además, claro está, de los empresarios del sector farmacéutico que ayudaron a financiar las actividades proselitistas de candidatos oficialistas a cambio de vaya a saber cuáles favores.

No se pueden minimizar la gravedad de la adulteración de medicamentos y la presunta conexión con narcotraficantes de empresarios que contribuyeron a la campaña electoral de Cristina. Además de ser acusados de atentar contra la salud de la población, en especial de los más pobres y vulnerables, los presuntamente involucrados en este asunto vergonzoso parecen haber contado con la aquiescencia de funcionarios públicos. Según un vocero de la Coalición Cívica, el diputado Fernando Sánchez, tienen que ser citados a declarar el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y el ex ministro de Salud Ginés González García, ya que "sin la complicidad de los funcionarios, sin la intervención de ellos, no existe este negocio que persiste en el tiempo y en el que se malversa tanto dinero de los trabajadores". Tiene razón el diputado: aun cuando resulte que los funcionarios nombrados no hayan cometido ningún delito, es fundamental que se deslinden las responsabilidades. De lo contrario, no será posible impedir que el crimen organizado, porque es de éste del que se trata, siga consolidando su presencia en el seno del Estado nacional.

A juicio tanto de organizaciones prestigiosas como Transparencia Internacional como de buena parte de la ciudadanía, el gobierno kirchnerista es sumamente corrupto. Pues bien, los perjuicios ocasionados por la corrupción gubernamental no se limitan a las pérdidas supuestas por el enriquecimiento ilícito de quienes están en condiciones de aprovechar las oportunidades brindadas por sus cargos. Aunque no se lo hayan propuesto, los funcionarios deshonestos suelen terminar trabajando para delincuentes inescrupulosos, sobre todo los vinculados con la droga. A menos que la investigación impulsada por el juez Oyarbide sirva para que todos los involucrados en "la mafia de los remedios" y los funcionarios que han sido sus cómplices, si los hay, reciban el castigo previsto por la ley, seguirá pesando sobre la Argentina el peligro de convertirse en un "narcoestado" más.