Quien se preocupe por determinar si la Argentina está o no operando conceptual y políticamente dentro del "eje bolivariano" regional cuenta -desde hace algunas semanas- con una señal clara, poderosa más bien, que sugiere ciertamente una respuesta positiva. Es el texto mismo de la ley 26522, llamada de "Servicios de Comunicación Audiovisual" y que en esencia regula el uso del espectro radioeléctrico en nuestro país poniéndolo bajo el control total del Poder Ejecutivo de turno.
Ahora es Ecuador el que acelera la marcha en la misma dirección. Procura ya su propia ley de medios. Una Comisión de la Asamblea de ese país, creada el 15 de septiembre pasado y presidida por la legisladora Betty Carrillo, está redactando aceleradamente el texto de una norma que, en paralelo con la similar argentina recientemente sancionada, impulsa el gobierno ("bolivariano") de Rafael Correa. Lleva ya dos meses de trabajo, transmitiendo una sensación de apuro creciente.
El borrador de la norma está sobre la mesa y consta de cinco grandes capítulos o segmentos con 111 artículos. El primero de los capítulos contiene los principios, derechos y contenidos de la propuesta; el segundo, las formas y medios de comunicación a regular (todas); el tercero crea un sistema de regulación, control y sanciones que aparentemente se pondrá, también en Ecuador, en manos del Poder Ejecutivo aunque con algo menos de descaro que en la Argentina; el cuarto edifica la Defensoría del Pueblo y el final contiene la Biblia de sanciones a los medios con la que se quiere contar, que operarán a manera de mordazas sucesivas.
Para "El Comercio" de Quito hay cinco temas "clave" a resolver: primero, el proceso por el cual se obligará a los medios a rectificar -gratuitamente y en los mismos espacios- las informaciones "falsas" que puedan haberse difundido -además de enfrentar las acciones judiciales que en cada caso puedan corresponder-; segundo, la conformación del llamado Consejo de Comunicación, que estará, como les gusta a los "bolivarianos", controlado por el Poder Ejecutivo, con algún poco disimulado "biombo" -ese consejo tendrá facultades de registro y sancionatorias-; tercero, la institución del defensor Público, con facultades "mediadoras"; cuarto, una panoplia de sanciones de todo tipo, incluyendo la posibilidad de cancelar las licencias para operar e inhabilitar a sus titulares por una década para trabajar en el sector (o sea, sacarlos del medio), y quinto, una definición de los plazos de prescripción de las sanciones, que apuntan a ser quinquenales como el robo, las estafas, las lesiones y otros delitos graves.
Para Ecuador se acerca un momento definitorio para su libertad de prensa y opinión. No es imposible que pronto el presidente Correa cuente (él también) con un arma de intimidación y venganza contra los medios opositores o disidentes nada despreciable, para perjuicio de todos.
Paso a paso, de la mano de Rafael Correa la República de Ecuador va dejando atrás los esquemas esenciales de la democracia y comienza a dotarse de un peligroso arsenal reglamentario para, con él, estar en condiciones de restringir fácilmente las libertades de su pueblo.
EMILIO J. CÁRDENAS (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Ex embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas
