Conforme a la Constitución, la Argentina es un país federal en el que las provincias disfrutan de un grado considerable de autonomía, pero los gobernadores siempre han entendido que les sería riesgoso oponerse al presidente de turno, sobre todo si se trata de uno procedente de sus propias filas. En cuanto un ex gobernador se haya instalado en la Casa Rosada, comenzará a hacer gala de una mentalidad que es decididamente unitaria. Aunque el ex presidente Néstor Kirchner y la actual, Cristina Fernández de Kirchner, distan de ser los primeros mandatarios que pronto aprendieron a aprovechar las necesidades provinciales para presionar -algunos dirían extorsionar- a los gobernadores provinciales, antes de ellos ninguno lo hizo de forma tan impúdica, inundando de obras públicas y planes sociales a los amigos y reduciendo drásticamente los fondos para quienes figuran en su lista negra de enemigos. Huelga decir que las consecuencias del manejo kirchnerista de "la caja" han sido sumamente negativas. Además de contaminar el clima político al virtualmente obligar a gobernadores de origen radical o arista a practicar el travestismo político, proclamándose partidarios fervorosos de los Kirchner por comprender que de otro modo carecerán del dinero que precisan para mantener tranquilos a los empleados públicos locales, la dependencia así supuesta ha servido para confirmar lo que ya sospechaban, que en última instancia la clave del desarrollo económico consiste en su propia relación con "la Nación". No extraña, pues, que muchos gobiernos provinciales, en especial los del norte del país, hayan permitido que sus distritos degeneraran en feudos clientelistas con una administración pública superpoblada y un déficit fiscal permanente.

De resultas de la recesión que, según algunos economistas, está por terminar, se ha agravado la situación en la mayoría de las provincias. Se informa que la de Buenos Aires necesita por lo menos 2.000 millones de pesos para pagar los salarios del mes próximo, más el aguinaldo, de quienes trabajan para el Estado, de ahí los esfuerzos del gobernador Daniel Scioli por complacer a los Kirchner a pesar de los costos políticos que le supone toda manifestación de obsecuencia. En otras provincias, entre ellas Río Negro y Neuquén, el estado de las finanzas locales no es mucho mejor, razón por la que los gobernadores quieren salvarse contrayendo deuda con bancos privados o emitiendo bonos. Como sucede en tales circunstancias, en diversas partes del país ha surgido nuevamente la tentación de procurar superar el mal momento echando mano al recurso desesperado de las cuasimonedas, lo que perjudicaría mucho a los mandatarios responsables aunque podrían achacar la culpa a los Kirchner. De recuperarse la economía nacional, aunque sólo fuera levemente, el panorama frente a las provincias mejoraría, pero en vista de que el país está entrando en una fase caracterizada por la agitación política, el gobierno nacional podría intentar disciplinar a mandatarios a su juicio díscolos provocando más conflictos gremiales.

Por motivos no sólo éticos sino también económicos y sociales, para no decir culturales, sería positivo que se fortaleciera el federalismo con leyes destinadas a impedir que el presidente de la República reparta fondos según sus propios intereses políticos sin tomar en cuenta los del interior del país. Aunque en principio casi todos los dirigentes, incluyendo los presidenciables, coincidan en que hay que hacer menos arbitraria la legislación correspondiente a la coparticipación, la que tal y como está impide que muchas provincias aprovechen ingresos originados en su propia producción agropecuaria, pocos esperan que en los próximos años se concreten reformas significantes. Si bien a esta altura es penosamente evidente que el sistema unitario disfrazado de federalismo que se ha conformado a través de los años ha frenado el desarrollo de provincias que en buena lógica deberían ser muy prósperas, parecería que la mayoría descree de la posibilidad de modificar la desafortunada situación existente, en la que la brecha entre los ingresos per cápita de las jurisdicciones más pobres y las más ricas es mayor que la que se da entre un país del Primer Mundo como España por un lado y, por el otro, uno del Tercero como Marruecos.