VILLA LA ANGOSTURA (AVLA).- Momentos de tensión se vivieron ayer por la mañana cuando 65 efectivos del grupo especial GEOP y Despo de la policía neuquina realizaron el desalojo de tres viviendas construidas por la comunidad Paichil Antriao en uno de los lotes privados de la zona alta del barrio Epulafquen. Cerca de ahí, en el acceso a la cascada Inacayal, la policía local y el grupo Despo removieron la garita y la barrera que la comunidad instaló sobre la calle, impidiendo el libre tránsito por la arteria.
En el segundo caso la policía demoró a una persona que se encontraba cortando la calle.
"Estamos cumpliendo una orden del Juzgado Multifueros, esta es por una causa civil de restitución de la propiedad y la otra penal para liberar una calle, que dispuso el juzgado. El operativo empezó a las 9 de la mañana. No hubo ningún hecho de violencia porque la parte que vivía manifestó su voluntad de retirarse y colaborar. Tenemos la orden de demorar si ejercen algún tipo de resistencia", detalló el comisario de Junín de los Andes, Juan Carlos Escobar, director de Seguridad de la zona Sur, a cargo del operativo de desalojo de las viviendas. En tanto, el comisario local Nelson Ledesma, dirigió el operativo de desalojo de la calle pública. Del grupo GEOP participaron 55 policías, y de la fuerza Despo, de Neuquén, 10.
Según explicó el comisario -y fue confirmado también por parte de los miembros de la comunidad- en el momento del desalojo dos de las casas se encontraban vacías. En la tercera estaba una mujer con sus dos hijos y su madre. La policía asegura que las dos casas estaban deshabitadas, y desde la comunidad señalaron que la gente se había ido a trabajar o que había salido.
La policía se dispuso en distintos sectores del predio y sobre la calle por si venía gente de la comunidad a resistir la medida. Cabe recordar que es la cuarta vez que el juez emite la orden de desalojo del terreno, en función de una sentencia firme que data del 2007 y por la cual se insta a los ocupantes a restituir la propiedad a William Fisher. El lote fue ocupado por la comunidad en el 2005.
Resguardados por la policía especial, obreros contratados realizaron el desmantelamiento de las tres viviendas y sacaron las pertenencias que estaban dentro. Al cierre de esta edición se procedía a retirar los elementos del terreno. Al lugar se acercaron algunos miembros de la comunidad, pero sólo a observar. No hubo desmanes, sólo agresiones verbales por parte de las personas desalojadas.
Por la tarde la comunidad se reunía para delinear las acciones a seguir. Al menos hasta anoche el grupo especial de policía permanecía en el lugar para "asegurar la zona".
El municipio pagó un albergue para alojar a la familia.
