En forma paralela a la investigación por la mafia de los remedios aparece el tema de los aportes de las droguerías a las campañas electorales. La salud siempre estuvo en el centro de las miradas.
En su momento, cuando se atribuía a Luis Barrionuevo y a Enrique "Coti" Nosiglia el manejo del PAMI, también se hablaba de la financiación de la política desde el negocio de la salud. La lucha contra ese eje de poder constituyó el punto central de la administración de Graciela Ocaña en la obra social de jubilados y pensionados y luego al frente del Ministerio de Salud. Hasta que la funcionaria fue desplazada por los Kirchner, ya que estos privilegiaron su relación con Hugo Moyano, acosado por las denuncias de la ministra.
Ahora, los jueces María Servini de Cubría y Ariel Lijo analizan los aportes hechos por dueños de droguerías -entre ellos el asesinado Sebastián Forza por el negocio de la efedrina y Néstor Lorenzo- a la campaña presidencial de Cristina Fernández. El principal responsable de la recaudación era, en ese momento, el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli que, al igual que Ocaña, provenía de la corriente del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.
Servini de Cubría investiga si hubo delito del FpV al recibir los cheques de los dueños de droguerías y Lijo recibió una denuncia de la Coalición Cívica, por lo que analiza si los dueños de esas droguerías recibieron alguna dádiva del Ejecutivo después de la campaña.
