Un golpe es un golpe y de él no puede derivarse ninguna legitimidad", afirmó el asesor en asuntos internacionales de Lula, Marco Aurelio García, en relación con las elecciones celebradas en Honduras. La tesis es tan absurda que si hubiera sido aplicada en la Argentina ni Héctor Cámpora ni Raúl Alfonsín hubieran sido presidentes legítimos, puesto que ambos fueron elegidos en comicios organizados por sendas dictaduras militares. La posición adoptada por Brasil, Argentina y el arco de países que sostienen la "revolución bolivariana" de no reconocer el resultado de las elecciones hondureñas es una boutade y con el paso del tiempo se irá diluyendo para quedar como un simple borrón en la historia diplomática de estas naciones.
La diferencia entre los países latinoamericanos sobre el modo de resolver el conflicto institucional de Honduras se trasladó a la Cumbre Iberoamericana que se celebraba en Estoril. El canciller argentino Jorge Taiana reclamaba allí que el documento final de la cumbre contemplara una firme condena a los comicios celebrados para evitar "una validación de los golpes de Estado del siglo XXI como nueva metodología". En este bloque, liderado por Brasil, se alineaban curiosamente España, Argentina, Chile, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Enfrente, detrás de la postura de Estados Unidos, que acepta el resultado de las elecciones como un modo de destrabar el conflicto, se encontraban Perú, Colombia y Costa Rica.
En un sistema democrático no existe mejor método para resolver un conflicto institucional que apelar a la voluntad popular. Si ésta se expresa libremente, sin proscripciones ni interferencias graves del gobierno de turno, resulta imposible ignorar su resultado. De algún modo es una suerte de plebiscito que permite apreciar cuál es el grado de respaldo popular con que cuenta cada una de las propuestas de solución institucional. Justamente ése es el contenido auténtico de todo plebiscito: la consulta directa al cuerpo electoral sobre algún asunto de excepcional importancia que puede comprometer el futuro de una comunidad.
El nivel de participación electoral se convertía así en el dato decisivo capaz de moderar ciertas posiciones internacionales intransigentes. Si se confirman los primeros datos del Tribunal Electoral de Honduras, la legitimidad alcanzada por el nivel de participación ha sido evidente. La abstención electoral habría sido del 35%, menor que la registrada en los comicios en los que fue elegido Manuel Zelaya, donde alcanzó el 45%. Debe tenerse en cuenta que si bien el padrón electoral de Honduras es de 4,6 millones de votantes, al menos 1,1 millones de ciudadanos (el 24%) viven en el exterior, de modo que en las elecciones sólo participan los 3,5 millones de electores que residen en el país.
El conflicto de Honduras marca de manera notable la importancia que adquiere en política el uso interesado de las palabras. Una gran parte de los conflictos deriva de la dificultad de encontrar un lenguaje común y compartido. Si la unión de un óvulo con un espermatozoide conforma, desde el mismo momento de la concepción, un "ser humano", la posición frente al fenómeno del aborto estará indeleblemente marcada por la elección previa de esas expresiones. El Tribunal Constitucional de España lleva ya casi dos años trabado en una discusión aparentemente bizantina -pero de enorme calado político- sobre el alcance que tiene la palabra "nación" incorporada en el Estatuto de Cataluña para definir el perfil institucional de la "nacionalidad" catalana.
Cuando elegimos determinadas palabras para caracterizar un hecho político o social estamos optando por un universo simbólico que permite la aprehensión subjetiva de una experiencia institucional anterior. Esa designación permite ordenar los acontecimientos y ofrece una pauta definida de antemano para canalizar una solución del conflicto en una dirección determinada. De allí provienen la insistencia obsesiva de algunas diplomacias en caracterizar como "golpe militar" el conflicto institucional de Honduras y la dificultad práctica de resolverlo desde afuera con la que luego se encontraron.
En América Latina enfrentamos una realidad nueva, provocada por la rigidez del mandato característica de los sistemas presidencialistas, que no puede dar respuesta institucional a los cambios de preferencia del electorado que en la sociedad mediática son cada vez más rápidos y frecuentes. Se produce así una tensión extrema entre el Ejecutivo y el Parlamento que en ocasiones provoca una ruptura de un tejido institucional que no está preparado para canalizar esos conflictos. Si persistimos en usar palabras desactualizadas para desentrañar esos fenómenos, bloquearemos las soluciones adecuadas. Es el problema con el que han tropezado en Honduras las cancillerías latinoamericanas y que hizo que algunas propuestas impracticables rozaran el terreno del ridículo.
ALEARDO F. LARíA (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Abogado y periodista
