SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Codeci advirtió que la ley nacional 26160, que suspendió los desalojos y procesos judiciales contra pueblos originarios, "no se aplica en su integralidad" y apeló el procesamiento de la comunidad Cañumil de Chequeniyen acusada de usurpar sus tierras ancestrales.

A partir de la denuncia radicada por Ana María y Teresa Mohana, el juez de instrucción Miguel Gaimaro Pozzi ordenó el procesamiento de Teodoro Gómez, Lucerinda Cañumil y Gregorio, Claudio y Elba Quiñenao por "estimarlos coautores del delito de usurpación". En cambio no hizo lugar a la acción de desalojo solicitada y mantuvo la libertad provisional de los acusados.

Este es el segundo procesamiento por usurpación dictado en 2009 contra una comunidad mapuche de la Línea Sur por los jueces de la tercera Circunscripción, pese a la plena vigencia de la ley nacional 26160.

La abogada del Codeci, Graciela Carriqueo, distinguió la resolución de Gaimaro Pozzi del procesamiento dictado por el juez Ricardo Calcagno que además de consolidar la acusación de usurpación contra la familia Loncón, de Cañadón Chileno, ordenó su desalojo compulsivo, ejecutado en forma violenta por policías de Comallo y Jacobacci.

"En este caso (Gaimaro Pozzi) los procesó pero no ordenó la desocupación, hizo un interpretación media de lo que plantea la norma cuando en realidad debió suspender el procesamiento hasta que se acrediten los extremos de la ley" explicó.

En tal sentido Carriqueo advirtió que "la ley no se está aplicando en su integralidad" y señaló como un ejemplo de lo que plantea la norma la decisión adoptada por la justicia federal ante una denuncia promovida por el Ejército en esta ciudad.

El juez federal Leónidas Moldes fue el único magistrado de la región que hizo aplicación plena de la ley y suspendió un proceso iniciado por el Ejército Argentino contra la comunidad Gualmes, conflicto instalado dentro del ejido de Bariloche. Moldes aplicó a rajatablas la 26160, contrariando incluso los criterios rígidos de defensa de la propiedad privada esgrimidos en otras causas.

El extenso auto de procesamiento dictado por Gaimaro Pozzi refleja un claro ejemplo de los conflictos registrados durante el siglo XX entre los pobladores originarios asentados en la región Sur y los nuevos propietarios que esgrimen títulos otorgados por la provincia y reclaman para si las tierras.

El escrito describe el supuesto despojo sufrido por los Mohana y reproduce la declaración indagatoria tomada a Lucerinda Cañumil, respetada dirigente mapuche de 84 años nacida en las tierras en litigio.

Cañumil aseguró que "cuando ellos llegaron, Natalio Mohana, padre de Teófilo, llegaron pobrecitos, con una mano atrás y otra adelante, su padre tenía más de 12.000 ovejas lanares, ochocientas vacas y bastantes yeguarizos (tenía tres tropillas para trabajar con los animales) y los ayudó muchísimo a los Mohana".