NEUQUÉN (AN) - El diputado Hugo Gonçalves (peronista no kirchnerista), autor de la ley de minería sancionada en general el jueves, defendió la iniciativa y dijo que lejos de facilitar explotaciones que pongan en riesgo el medio ambiente, "es una herramienta que nos permite accionar legalmente ante esos casos. Hasta ahora los ambientalistas no teníamos con qué defendernos, con esta ley sí", argumentó.

Apoyando su postura se expresó la diputada Graciela Muñiz Saavedra (MPN) y Daniel Baum (Servicio y Comunidad). En la vereda opuesta, Soledad Martínez (Frente Grande) opinó que la provincia no controla estos emprendimientos.

"Lo primero que solicito es que contemplen, los opositores y la comunidad en general, que antes de mi ley la provincia en materia de minería estaba regida por la norma nacional 25675 que sugiere que hay que cuidar el medio ambiente, pero lo hace de manera genérica", dijo Gonçalves.

Añadió que la norma nacional señala que en caso de que haya contaminación y no se pueda remediar técnicamente haya "un pago monetario a los perjudicados. Esa era la situación leal, estábamos desguarecidos, no teníamos ninguna herramienta para controlar la actividad".

Opinó que cuando los opositores dicen que su ley abre las puertas a la megaminería no dicen lo correcto. "No es que está ahora abierta, sino que lo estaba de antes, ya estaba permitido. Es más, ese argumento se los comenté yo a la gente de Loncopué -donde resisten la instalación de la mina en Campana Mahuida- y lo que hice fue proponer esta herramienta legal que nos permita accionar contra esos eventuales riesgos".

Advirtió que no debe pensarse que la ley puede cambiar la vocación del gobierno de impulsar la explotación de los yacimientos, "pero sí podremos demandarlo cuando la incumpla. Antes no teníamos esa posibilidad porque la empresa que contaminaba estaba amparada en la ley nacional, venía y pagaba y listo".