VIEDMA (AV).- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, denunciante en la causa administrativa por el presunto enriquecimiento desproporcionado del legislador Daniel Sartor, seguirá sin saber por qué el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, envió al archivo ese controvertido expediente.

Ocurre que la Justicia penal denegó la posibilidad de allanar el organismo de Control, tal como la defensora requirió a mediados de esta semana.

El juez Carlos Reussi, dictaminó que "una medida de allanamiento del despacho del fiscal de Investigaciones Administrativas aparece en principio como un impulso extremo que exorbita la situación planteada, que excede la lógica legal del sistema y que corre los ejes de tratamiento entre organismos constitucionales".

Reussi fundamentó su decisión, considerando que "se advierte -entre la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas- una secuencia de actuación en la que las responsabilidades y competencias son asignadas al segundo órgano. Ante la colisión de posiciones o intereses, debe ceder la Defensora ante las facultades específicas de la FIA".

Agregó el magistrado que en caso de disconformidad con lo resuelto por Berraz, Piccinini "podrá acudir al agotamiento de las vías impugnatorias, jurídicas o políticas, mas no ha de intentarse revertir el andamiaje procesal". Finalmente, adujo que "rige la publicidad restringida a las partes y del secreto del sumario a terceros".

Frente a esta resolución judicial, Piccinini anunció a "Río Negro" que llevará "el fallo de Berraz a la Justicia en lo contencioso administrativo, por infundada e inconsistente, por la valoración de pruebas inexistentes, con el objeto de que la Justicia la derogue". También afirmó que recurrirá con un mandamus al Superior Tribunal de Justicia para que ordene a la FIA la entrega de la documentación que Berraz le denegó en dos oportunidades.

Consideró la sentencia de Reussi como "total y absolutamente arbitraria. Acudí al juez para acceder a un material público que fundamenta nada más y nada menos que el pase al archivo de un expediente inédito, ya que es la primera vez que alguien del gobierno es investigado por su patrimonio, lo hice a través de la herramienta que me otorga la ley, que permite el acceso a toda la información, aún la secreta que tenga el Estado".

Afirmó que esa posibilidad le fue negada "en contra de toda la legislación vigente, tratados internacionales y de la jurisprudencia del más alto tribunal de Río Negro que sostiene que todo ciudadano tiene acceso a la información producida por el Estado".

Manifestó que "la Justicia en Río Negro no es predecible. La Defensoría y la FIA somos dos organismos del mismo nivel, yo no tengo superior jerárquico, salvo los ciudadanos rionegrinos. Voy a hacer caer esta resolución de Berraz y puedo, además, denunciarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público".