SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- Gendarmería Nacional realizó diversos controles de migraciones en obradores, en el marco de un plan lanzado por el gobierno municipal para hacer cumplir el "arraigo" mínimo de dos años en la ciudad, que la normativa local impone en el rubro de la construcción.
Conviene recordar que desocupados residentes en la ciudad habían denunciado que los indocumentados se contaban por cientos en las obras en construcción. Las denuncias llegaron al municipio, que acordó poner en marcha una bolsa de trabajo y hacer cumplir la legislación local.
En el marco del "Programa de Migraciones", el Escuadrón 33 de Gendarmería inspeccionó el caso de 446 trabajadores, de los cuales 161 resultaron ser de nacionalidad paraguaya y, de esa cifra, 126 demostraron tener su radicación en el país, por lo que gozan de los mismos derechos y obligaciones que los argentinos.
Otras 35 personas de esas 161 tienen en trámite la documentación pertinente. De las 446 personas, 133 son chilenas y 123 cuentan con radicación permanente, mientras 10 la tienen en trámite.
Asimismo se detectaron 65 personas con radicación permanente en el país de nacionalidad boliviana y peruana. En el control quedó estipulado que 187 de los 446 eran argentinos.
Pero una de las anomalías fue detectada en la Villa Lago Lolog (a 12 kilómetros de esta ciudad, aunque bajo la jurisdicción municipal), donde se encontró trabajando a cinco extranjeros ilegales, dos de ellos chilenos y tres de nacionalidad paraguaya, lo que constituye un 11 por ciento de situaciones irregulares sobre el total de los casos relevados.
Como se apuntó, la tarea de Gendarmería en este caso tiene por contexto también la decisión de la Secretaría de Gobierno del municipio, de realizar acciones juntamente con la Uocra y con un grupo de desocupados del rubro de la construcción (80 trabajadores) que habían solicitado el cumplimiento de las ordenanzas vigentes, que determinan que el 95% de la mano de obra contratada en obras públicas o privadas locales, debe contar con al menos dos años de residencia en la ciudad.
La Secretaría de Gobierno está trabajando en un proyecto para readecuar la legislación al sector privado, a propósito de la crisis económica que produjo una caída en el ritmo de las obras.
Una de las dependencias estatales que deberá sumarse a esas acciones es la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, que debe ser fiscalizadora de estas situaciones anómalas, detectarlas y dar solución a aquellos casos que no se enmarquen en la legislación vigente, según se advirtió desde el municipio.
La comuna indicó que "la defensa de la mano de obra local no tiene ninguna arista de rasgos discriminatorios ni xenófobos".
