SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las organizaciones de esta ciudad que trabajan con discapacitados iniciaron una campaña de firmas para forzar el tratamiento de dos proyectos de ordenanza que hasta ahora el Concejo se negó a considerar en forma integrada.

Según explicaron ayer las ONG, decidieron apelar al derecho de iniciativa popular porque no encontraron eco en los ediles.

Con las nuevas normativas pretenden actualizar las incumbencias del Consejo Local para Personas con Discapacidad y crear en simultáneo la "oficina de gestión de personas con discapacidad", que tendrá la facultad de aplicar las políticas definidas por el Consejo y ejecutar el presupuesto.

En esto último falló justamente el órgano consultivo, que durante largo tiempo funcionó abarcado por diversos conflictos y desde hace dos años permanece acéfalo.

Según explicó Paula Slemenson (referente del CRIP y de Ciudad Inclusiva), los proyectos de ordenanza ya fueron elaborados hace varios meses por las instituciones que participan de los encuentros y los presentaron al Deliberante, que sólo consideró el del Consejo Local pero desechó la "oficina de gestión".

Luis Suero, de Crearte, dijo que la discapacidad "es una temática transversal, que afecta a todos y necesita políticas coordinadas". Por eso aspiran a involucrar a toda la ciudadanía en su campaña para promover la iniciativa popular. Según lo que prevé la Carta Orgánica, necesitan reunir algo más de 2.100 firmas.

En Bariloche viven no menos de 10 mil personas con discapacidad y del entendimiento anunciado ayer participan unas 20 organizaciones.

Las ONG criticaron la ordenanza vigente del Consejo Local porque lo coloca bajo la autoridad de la secretaría de Desarrollo Social. Su propósito es que dependa directamente del intendente y que el área tenga presupuesto propio.

Suero explicó que la intención es "alinear" la legislación vigente en Bariloche con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que entre otras cosas obliga a garantizarles la "participación política".