VIEDMA (AV).- El fiscal Pablo Berraz se negó a entregar la documentación que sustenta su decisión de archivar la causa por presunto enriquecimiento ilícito del legislador Daniel Sartor. En consecuencia, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini -que había presentado la denuncia- pidió a la Justicia que allane la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

La medida de Piccinini se anticipó a la sesión de la Legislatura de hoy, en la que se tratarán las renovaciones de los cargos del propio Berraz y de Carlos Malaspina, miembro del Tribunal de Cuentas, ambas impulsadas por el gobernador Saiz.

Tras dos pedidos para que Berraz aporte el expediente, presentados el 21 y el 27 de octubre, y la recepción en respuesta de sendas denegatorias, Piccinini hizo una presentación judicial para obtener los originales o copias certificadas del trámite iniciado tras su denuncia.

Para ello, la defensora invocó su derecho de acceder a la documentación de cualquiera de los organismos del Estado al que se le requiera información, lo cual se vio restringido por la negativa de Berraz a entregar las carpetas que fueron a dar al archivo un par de meses atrás.

Piccinini recordó al juez que, entre las atribuciones del defensor del Pueblo, se encuentra "solicitar intervención judicial cuando se trate de realizar allanamientos y secuestros. En caso de requerirse tales medidas, el juez penal competente deberá evaluar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, la procedencia de la petición".

La misma ley -de funcionamiento de los organismos de Control, 2756- establece que "todos los poderes públicos, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, estarán obligados a prestar colaboración con carácter preferente, con la celeridad y eficacia que las circunstancias indiquen, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones. Especialmente deberán facilitarle informes, expedientes, documentos, antecedentes u otros elementos útiles para sus investigaciones, sin que pueda oponérsele el secreto de lo requerido".

La norma sostiene que "el defensor del Pueblo podrá requerir la intervención del Poder Judicial para obtener la remisión de la documentación o información que le hubiere sido negada por cualquier institución pública o privada comprendidas en el ámbito de su competencia".

Piccinini consideró que la Fiscalía omitió "deliberadamente cumplir con la remisión de la documentación solicitada reiteradamente por lo que en cumplimiento de la legislación vigente solicito ordene el allanamiento" a las dependencias de ese organismo de control.